Ecuador: defensores de derechos humanos y otras hierbas
(Para Radio Nederland)
Desde que se aprobara la Declaración Universal de Derechos Humanos hace más de sesenta años fueron surgiendo numerosas organizaciones e instituciones, tanto gubernamentales como no gubernamentales, para promover su respeto, velar por su cumplimiento, denunciar, en su caso, las violaciones a los mismos y juzgar y condenar a los responsables de estas violaciones. Evidentemente, en las tareas de promoción y denuncia han jugado un relevante papel las organizaciones de la sociedad civil, mientras que en las tareas penales y de control se fue construyendo un complejo sistema legal y jurisdiccional dependiendo de organismos internacionales o los propios estados. Amnistía Internacional o Human Rights Watch, entre otras muchas organizaciones, trabajan con absoluta independencia de los gobiernos y son éstos quienes a través de sus tribunales o de las instancias regionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tienen el cometido de la sanción. Estas elementales consideraciones deberían servirnos para entender el revuelo armado durante la semana pasada por la revocación de los privilegios diplomáticos y fiscales que tenía la Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos (ALDHU) por parte del gobierno del Ecuador. Veamos.
Aunque en sus estatutos la ALDHU dice ser una «organización internacional no gubernamental dedicada a la defensa, promoción y protección de los derechos humanos, entendidos desde su perspectiva integral», desde su creación la ALDHU es un organismo bastante singular. Fundada por el ex presidente ecuatoriano Jaime Roldós y oros ex presidentes de la región, su trabajo ha estado en muchos casos más cercano al accionar político que a sus pretendidos objetivos fundacionales. Cuestiones como el que ALDHU tuviera privilegios similares a los del estatus diplomático, o que recibiera financiación gubernamental no son habituales en las ONG de derechos humanos que buscan precisamente lo contrario: mantener su independencia y autonomía de acción. No es de extrañar así que la mayor parte de organizaciones de derechos humanos ecuatorianas y de la región, no sólo no se hayan solidarizado con ALDHU, sino que han tomado en muchos casos partido a favor de una decisión que, en su opinión, clarifica las cosas. Así por ejemplo el decano de la facultad de jurisprudencia de la Universidad Católica de Quito, Alfredo Ruiz declaró que «en lo que respecta a la pérdida de inmunidad de la ALDHU, me parece saludable porque todos los organismos de derechos humanos reciban el mismo trato. La igualdad en materia de atribuciones y privilegios a todas las organizaciones es perfectamente válida para todos.» Y mucho más allá han ido otras organizaciones de derechos humanos. Para Luis Ángel Saavedra, director de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), la ALDHU «no es una organización de derechos humanos sino una organización político-partidista, por eso su relación con los diferentes gobiernos de turno».
Respecto a las razones esgrimidas por el gobierno para la revocación del estatus de la ALDHU se ha tratado de una suma de cuestiones, siendo la espoleta la concesión por parte de la organización de unos 5.000 supuestos carnés de identificación para habitantes de la provincia de Sucumbíos en la frontera con Colombia, entre los que, supuestamente, se encuentran refugiados colombianos y, entre ellos, miembros de las FARC. Suceso que se añade a las supuestas implicaciones de uno de los antiguos líderes de la ALDHU y ex asesor del gobierno, Ignacio Chauvín, con el narcotráfico y con dirigentes de las FARC. Ningún organismo de derechos humanos tiene la competencia de otorgar identificaciones a los refugiados y eso corresponde la Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
En cualquier caso, y con todas las cautelas sobre unos hechos que están siendo investigados por las autoridades ecuatorianas y su sistema judicial, el caso de la ALDHU pone de relieve los riesgos de la mezcolanza y la confusión entre diversos tipos de organizaciones y el como en este río revuelto algunos buscan legitimidades que por otras vías no encuentran. La llamadas irónicamente «quangos» (cuasi ONG) han proliferado tanto en los últimos años, acogiendo a personajes de todo tipo y pasando a formar parte del clientelismo político, que han ido poniendo en cuestión la esencia de lo no gubernamental y minando, en muchos países, su credibilidad. Sucesivos escándalos financieros, de gestión, de manipulación política o empresarial, han ido contribuyendo a la pérdida de imagen de un sector, el de las organizaciones de la sociedad civil, fundamental para la gobernabilidad democrática. Las ONG, las verdaderas ONG, en este caso las de derechos humanos, son como alguien ha dicho «privadamente públicas», ya que defienden intereses globales que como los derechos humanos ha sido firmados y ratificados por los estados. No defienden fundamentalmente intereses corporativos. Y por ello, si se sigue pervirtiendo su sentido y manipulando su actuar… habrá que reinventarlas.
