A finales de 2019 nadie podía imaginar que nos encontraríamos confinados en nuestros hogares en plena Semana Santa de 2020, pendientes de los datos que generan una curva y esperando que su forma nos permita respirar. Ante el escenario actual de crisis sanitaria y en algunos casos humanitaria, provocadas por el impacto de la COVID-19, parece que a nivel global la respuesta ha de contener tres aspectos fundamentales. Un aspecto humanitario que implica la respuesta a la crisis humanitaria; uno científico, relativo a la investigación en vacunas y medicamentos; así como el aspecto político-económico, de cara a hacer frente a la crisis que se nos viene encima y que irremediablemente sacudirá los cimientos de las estructuras e instituciones existentes. Me referiré a estos tres aspectos en el ámbito de la Unión Europea, aunque ahora más que nunca la respuesta ha de ser global.

 

En lo referente al aspecto humanitario, la reflexión parte del marco institucional existente en la UE. En 1992 se creó la Oficina Humanitaria de la Comunidad Europea (ECHO) que ha abordado la organización de las operaciones de ayuda humanitaria de la entonces Comunidad Europea en el exterior, siempre a través de organizaciones socias, como ONG o mediante el apoyo financiero a agencias del sistema de Naciones Unidas de carácter multilateral, pero nunca de manera directa. Desde entonces y hasta ahora, la UE a través de ECHO se ha convertido en referente mundial en cuanto a la financiación de la respuesta humanitaria internacional ante crisis humanitarias fuera de sus fronteras.

 

Para las actuaciones humanitarias en el seno de la Unión Europea, en 2001 se creó el Mecanismo de Protección Civil con el objeto de fomentar e impulsar la colaboración y la coordinación entre las diversas agencias de protección civil de los Estados miembros de la UE, de cara a una respuesta conjunta ante los desastres. No obstante, cada agencia de protección civil de cada Estado miembro se ha mantenido autónoma e independiente, dependiendo de las políticas y estrategias nacionales, sin que hubiera una clara toma de decisiones conjuntas a nivel europeo.

 

Con la fusión de ECHO y el Mecanismo de Protección Civil en 2010 se creó la actual Dirección General de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas (DG ECHO), que desde entonces combina la ayuda humanitaria exterior y la protección civil en el interior, con lógicas de intervención y organización diferenciadas. Por un lado, ECHO constituye un donante que financia actividades de acción humanitaria que son ejecutadas por organizaciones socias fuera del territorio de la UE. Y, por otro lado, ECHO actúa en el campo de la protección civil, coordinando y apoyando, al menos sobre el papel, a las agencias de los Estados miembros que trabajan dentro del territorio comunitario, principalmente. Para ello, se creó el Centro Europeo de Coordinación de la Respuesta a Emergencias (CECRE) que se activa a petición de un Estado miembro en caso de desastre.

 

Tras el estallido de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 en la UE a finales de febrero y principios de marzo de 2020, algunos Estados miembros han solicitado equipamiento médico a través del Mecanismo de Protección Civil. La Comisión Europea ha lanzado cuatro licitaciones para la compra de material sanitario, las cuales están aún en espera de materialización, y no ha sido sino hasta el 19 de marzo que se ha decidido crear el denominado rescEU stockpile, una suerte de reserva europea de material médico, sobre todo respiradores y elementos de protección como mascarillas, cuya gestión corresponde al CECRE, con un presupuesto actual de 80 millones de euros. Además, el 20, 24 y 30 de marzo se han adoptado decisiones referentes a la armonización de los estándares de calidad para la producción de material de protección sanitaria en la UE. Asimismo, el 1 de abril la Comisión publicó una guía denominada “Orientaciones de la Comisión Europea sobre el uso del marco de contratación pública en la situación de emergencia relacionada con la crisis del COVID-19”.

 

Por otro lado, el 17 de marzo se estableció un panel de expertos formado por siete epidemiólogos y virólogos de cara a formular unas directrices europeas de respuesta y coordinar medidas de gestión de riesgos. Dicho panel de expertos, junto al Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) creado en 2005 ha participado en la publicación de recomendaciones sobre medidas a nivel europeo de lucha contra el coronavirus, el 19 y 30 de marzo. Además, el pasado 2 de abril se lanzó la Iniciativa de Solidaridad Sanitaria de la UE, con la que la Comisión Europea “quiere prestar apoyo directo a los sistemas sanitarios de los Estados miembros de la UE en su combate contra la pandemia del coronavirus mediante una serie de medidas que pueden adoptarse con más eficacia a escala de la UE”, para lo cual se han movilizado 3 000 millones de euros del presupuesto de la UE. Concretamente, la iniciativa permite a la Comisión la compra de material de emergencia a nombre de los Estados miembros y distribuir dicho material, coordinar el transporte de material y pacientes, reclutar personal sanitario y apoyar a la construcción de hospitales de campaña.

 

Estas decisiones de la UE se han ido articulando durante el mes de marzo. A principios de dicho mes, Alemania y Francia decretaron sendas prohibiciones de exportación de material sanitario fuera de sus fronteras, lo cual vulnera, al menos, el concepto del mercado único europeo. Esto contrasta con los aparentes intentos de la Comisión de coordinar la respuesta europea, ya que mientras el número de infectados y fallecidos aumentaban en Italia y en España, la UE tomaba decisiones tarde e insuficientes, e incluso tenía que negociar el levantamiento de las restricciones comerciales mencionadas e impuestas por Alemania y Francia. Todo ello muestra claramente la escasa capacidad de maniobra de Bruselas para hacer frente a una crisis en el seno de la UE y la actitud cicatera de sus Estados miembros en esta coyuntura.

 

Al igual que ocurrió en 2015 y 2016 durante la denominada “crisis de los refugiados”, en el caso de la pandemia que sufrimos actualmente, la falta de coordinación de las diversas autoridades de protección civil de los Estados miembros, así como la ausencia de un organismo europeo que las supervise y organice para intervenir en territorio europeo ha puesto de manifiesto la falta de voluntad de dichos Estados para llevar a cabo actividades humanitarias dentro de las fronteras de la UE. Bruselas ejerce en el exterior un liderazgo en materia humanitaria que no puede desplegar dentro de su propio territorio, y esto no sólo se debe a la incapacidad de ECHO, sino sobre todo a la falta de visión y voluntad política de los dirigentes de la mayoría de los Estados miembros ante una pandemia que vino para quedarse.

 

Quizás por ello, se están tomando decisiones relevantes en los últimos días que esperemos den sus frutos más pronto que tarde. La reciente Comunicación del Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad - JOIN (2020) 11 final – del 8 de abril supone un esperanzador esfuerzo de casi 16.000 millones de euros para responder a la inmediata crisis humanitaria mundial, fortalecer los sistemas de salud y saneamiento y de preparación de desastres, así como hacer frente a las consecuencias económicas de la pandemia en el exterior.

 

Respecto a la investigación europea, hay abierta una importante controversia por la reciente dimisión del presidente del Consejo Europeo de Investigación (CEI) Mauro Ferrari, el cual alega falta de interés en el lanzamiento de una iniciativa europea de investigación respecto a la COVID-19. Ya que el debate está fresco y aún sangrante, al igual que los argumentos a favor y en contra de su postura, lo importante es identificar que el objetivo del CEI es reforzar la excelencia, el dinamismo y la creatividad de la investigación europea. Para ello se cuenta con el Programa Horizonte 2020 como marco financiero para dicha investigación. Sería, por tanto, deseable que los esfuerzos en el desarrollo de medicamentos que reduzcan o palíen los efectos del virus, así como de una fabricación futura de vacunas seguras se lleve a cabo de manera coordinada por los distintos institutos de investigación de la UE, en colaboración con entidades de terceros países, de manera que no se solapen esfuerzos y, sobre todo, de cara a que los beneficios de los resultados de las investigaciones alcancen a toda la población. Al respecto, es alentador el contenido de la Comunicación mencionada, donde se incluye el apoyo a los esfuerzos globales para el desarrollo de tratamientos eficaces y vacunas, así como a métodos terapéuticos y de diagnóstico que sean ampliamente disponibles y accesibles a precios asequibles. Esperemos que así sea.

 

Por último, desde el punto de vista político y económico, la falta de consenso en el seno del Eurogrupo y, consecuentemente, del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la UE, respecto a una visión común en la respuesta ante la crisis económica que está provocando y provocará la COVID-19 muestra la división y la falta de voluntad política de los Estados miembros. Y ello a pesar del acuerdo de ayer, 9 de abril, sobre los fondos disponibles para el rescate de las economías europeas.

 

Sin entrar en la adecuación de uno u otro instrumento económico o en la idoneidad de la emisión de deuda pública de titularidad europea (Eurobonos), lo cierto es que los países de la UE muestran que la ética y la eficiencia económica a veces no van de la mano. Quizás sea ingenuo por mi parte acudir a Mohandas Gandhi cuando en 1921 decía: “Debo confesar que no trazo una distinción tajante, ni de ninguna clase, entre economía y ética. La economía que perjudica el bienestar de un individuo o de una nación es inmoral (…)”. Y de ello hablo porque el proyecto europeo no es o debería de ser tan solo un ejercicio económico (o más bien monetario), sino que es o debería ser profundamente político, si queremos que la UE pueda tomar decisiones políticas de calado. Tenemos el euro en nuestros bolsillos (algunos más que otros), pero la UE constantemente se ha enfrentado al desafío de ser realmente un ente político. Y de ahí vienen, precisamente algunas de las causas de los desafectos de la sociedad civil respecto a la UE, que como último extremo llevaron a los británicos a dejar el barco este año.

 

Si la UE, tanto la Comisión como los Estados miembros representados en el Consejo, no son capaces de formular respuestas comunes ante problemas comunes, puede que el proyecto europeo esté viviendo el principio del fin de un sueño. Y esta no es la primera vez. La timorata respuesta ante las matanzas en el seno de la Europa balcánica cuando Sarajevo se desangraba, o la falta de decisión respecto a los refugiados y solicitantes de asilo de África u Oriente Medio, son muestra de ello. Europa ha de ser algo más que un pacto de estabilidad y empleo, armonización fiscal y una moneda única, todos ellos elementos necesarios, pero no suficientes. Quizás no sea tarde para plantear un Green New Deal, al menos europeo, e incorporar una respuesta europea a la pandemia, que tenga en cuenta los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 como metas reales. No estamos hablando de nada nuevo, ya que el Objetivo 3 se denomina “Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades” y entre sus objetivos se encuentran los siguientes:

 

  • Para 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las enfermedades tropicales desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades transmitidas por el agua y otras enfermedades transmisibles.
  • Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos.
  • Apoyar las actividades de investigación y desarrollo de vacunas y medicamentos para las enfermedades transmisibles y no transmisibles que afectan primordialmente a los países en desarrollo y facilitar el acceso a medicamentos y vacunas esenciales asequibles (…).
  • Aumentar sustancialmente la financiación de la salud y la contratación, el desarrollo, la capacitación y la retención del personal sanitario en los países en desarrollo, especialmente en los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo.
  • Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo, en materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la salud nacional y mundial.

 

Este gran acuerdo o European New Deal debe mostrar a los europeos que Bruselas los concibe como ciudadanos y no sólo como actores económicos y productivos. Y seamos claros, este acuerdo constituye una oportunidad única para que Alemania ejerza un liderazgo sin complejos y pueda sacudirse de una vez por todas los fantasmas del pasado, que de manera importante se diluyeron con su solidaria respuesta ante el flujo de refugiados de los últimos años (si la comparamos con la de sus vecinos, incluyendo España).

Por todo ello, la respuesta ante la pandemia ha de ser política y democrática, aunque mediante el uso de instrumentos económicos y financieros, que tengan en cuenta las tres dimensiones mencionadas: la política-económica, la científica y la humanitaria. Solo de esta manera, el ciudadano europeo percibirá, tras esta crisis, que la construcción de una Europa unida, a través de la UE, es una idea a la que merece la pena seguir aspirando.

 

* Alfredo Langa Herrero – doctor en economía y colaborador del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH).

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Berlín, 8 de abril de 2020

 

 

FOTOGRAFÍA: Mr Josep BORRELL FONTELLES, High Representative of the EU for Foreign Affairs and Security Policy. UN Newsroom.