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Cambiar el futuro repitiendo el pasado - R-ARCSS:

El tratado de paz en Sudán del Sur

 

 

 

En septiembre de 2018 se anunció la firma de un nuevo tratado de paz para tratar de poner fin a la guerra civil que azota a Sudán del Sur. Este tratado, (R-ARCSS por sus siglas en inglés: Revitalised Agreement for the Resolution of the Conflict in South Sudan), es fruto del esfuerzo diplomático de potencias regionales (Etiopía, Uganda, Kenia) e internacionales (China y la llamada “troika” compuesta por Noruega, EEUU y Reino Unido), además de la ONU y líderes políticos de la mayoría de las facciones implicadas en el conflicto interno del país más joven del mundo.

 

Al anuncio del tratado de paz siguieron todo tipo de declaraciones de optimismo y buena voluntad: reuniones entre los líderes de gobierno (Salva Kiir) y el principal grupo de la oposición (Riek Machar), repetidos informes de descenso en el nivel de violencia, retorno de desplazados internos y refugiados, presión para cerrar los campos de desplazados, etc. En la misma línea, UNMISS, la misión de Naciones Unidas presente en el país desde 2011, así como las agencias humanitarias de la ONU se sumaron a esta tendencia, remarcando el importante progreso que ha visto Sudán del Sur. Incluso llegaron a modificar la estrategia humanitaria y de comunicación en el país, que desde principios de año ha cambiado sustancialmente su enfoque, centrándose ostensiblemente y de manera generalizada en iniciativas de reconciliación, apoyo al retorno de desplazados y refugiados e iniciativas de reconstrucción y rehabilitación.

 

Un año después de dicha declaración, y a pesar de la lluvia de comunicados y cumbres de paz, la realidad sobre el terreno apunta en una dirección totalmente diferente. La realidad es que, desde el anuncio del tratado de paz, el progreso en su puesta en práctica por parte de las distintas facciones ha sido escaso, frágil y, en más de una ocasión, dudoso. Las fechas límite negociadas en 2018 han sido pospuestas dos veces, en mayo y por segunda vez el 12 de noviembre de 2019. Esta falta de progreso no ha pasado desapercibida, como demuestra el reciente comunicado de prensa del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas al respecto. La nueva extensión de 100 días solicitada por las partes, más de un año después de la firma del tratado, no sólo es claramente insuficiente para cumplir todos los compromisos prometidos, sino un inequívoco síntoma de que algo no está funcionando.

 

Y es que, a pesar del optimismo oficial, el escepticismo entre muchos conocedores del contexto era generalizado por varias razones, que pueden dividirse en dos tipos: de diseño del propio tratado de paz y de la situación real sobre el terreno. Ahora nos centraremos en las del primer tipo.

 

Lo primero que se puede decir es que la arquitectura de reparto de poder esbozada en los acuerdos de paz es problemática. Para empezar, contempla un presidente y nada menos que cinco vicepresidentes, cada uno con su capital dentro del país, y treinta y cinco ministerios, además de un sinnúmero de comisiones, asambleas y consejos, cuyos asientos se reparten entre las diferentes facciones firmantes del tratado. Todo ello resulta en una hipertrofiada, compleja y poco práctica estructura de poder, en la que el partido del gobierno (SPLA-IG) tiene una clara sobrerrepresentación respecto a los demás.

 

Aún más preocupante es que ciertos grupos de considerable influencia, como el National Salvation Front en la región de Ecuatoria, no son parte firmante del tratado, y las hostilidades se mantienen contra ellos mientras se habla de paz. En otros casos, grupos más pequeños han entrado en el tratado de paz de la mano de facciones más grandes y de distinto origen tribal; aún está por ver que los grupos mayoritarios, en concreto el SPLA-IG en el gobierno, dominado por la tribu Dinka, y el principal grupo de la oposición SPLA-IO de mayoría Nuer, respeten y den voz a otros grupos más pequeños que, más por necesidad que de buen grado, se han acogido en su seno. Debemos recordar que el elemento tribal es uno de los más importantes factores en la política del Sudán del Sur, pues más de 60 tribus habitan el país.

 

Por otra parte, los mecanismos de reconciliación nacional recogidos en el tratado- indispensables si se quiere reconstruir la confianza perdida entre las distintas facciones y grupos étnicos, y también muy importante, la confianza de la población en las instituciones- no están constituidos. Esto incluye la administración de justicia. Más allá de mítines y reuniones entre líderes políticos que quedan sólo en palabras, los mecanismos para consolidar un sistema judicial y una paz basada en la reconciliación nacional o bien no se han constituido, o lo han sido solamente sobre el papel, sin recursos reales para cumplir su cometido.

 

Otro aspecto que puede tener consecuencias funestas para el país a largo plazo es la distribución territorial. Si bien el tratado de paz no fija un número de Estados, sino que deposita la responsabilidad en una comisión dedicada a tal efecto, la realidad es que desde su independencia en 2011, Sudán del Sur ha pasado de tener 12 Estados a 28, en 2015, y luego 32, desde 2017. Dichos cambios en la administración territorial han sido siempre por orden presidencial; mientras que la oposición, por su parte, no se queda atrás y aboga por un sistema de 21 Estados. Estos repetidos cambios en el trazado de fronteras de los Estados (y sus subdivisiones inmediatas, los condados) han respondido más a intentos de control por parte de los grupos en el poder, redistribución de la composición étnica del país y gerrymandering, que a una demanda popular real. Todo apunta a que la actual comisión instituida por el R-ARCSS trabaja para confirmar la última decisión del presidente de dividir el país 32 Estados.

 

Pero, tal vez, lo más peligroso para la paz en Sudán del Sur sea el modelo de desmovilización de combatientes y reparto de poder, como recoge un estudio del London School of Economics. Básicamente, parte de la premisa de que el mayor riesgo para la paz son grupos descontrolados de excombatientes que, una vez desmovilizados y aún en posesión de sus armas, recurran al crimen o la violencia para sobrevivir o formar nuevas facciones políticas. Para evitarlo, lo que se propone es poner en nómina e integrar en la administración y el ejército a todos ellos, proporcionando un aliciente económico para que estos individuos se integren en la estructura política y de seguridad del país. Las diversas partes obtienen así recursos en función de las fuerzas que movilicen, irónicamente, para su posterior desmovilización. Esto produce el efecto contrario, ya que incentiva el reclutamiento de más y más hombres bajo la promesa de que obtendrán salarios y empleo fijo una vez llegue el tratado de paz, creando no sólo una espiral de movilización, sino también el riesgo de sobrecargar una estructura pública caracterizada ya de partida por depender económicamente de ayudas externas. En caso de que el tratado de paz no prospere, las partes, mejor armadas y desconfiando de las demás precisamente por el reclutamiento llevado a cabo, serían aún más proclives a reanudar la lucha. Esta misma lógica de desarme y desmovilización ya se usó en el tratado de paz de 2016, mostrándose claramente inefectiva, e incluso contraproducente.

 

En suma, el R-ARCSS no se ha abordado de manera efectiva y, por tanto, arrastra muchos de los defectos de su predecesor. Sin mecanismos que supervisen su aplicación, ésta se ha visto entorpecida y asfixiada desde su nacimiento por parte de las mismas élites políticas encargadas de llevarla a cabo. La opinión pública internacional, hastiada de la falta de progreso en la resolución de un conflicto muy poco comprendido y que cada año devora importantes sumas en cooperación y ayuda humanitaria, ha puesto su confianza en un tratado que no corrige casi ninguno de los problemas que hicieron fracasar la paz apenas dos años antes, todo bajo la premisa de que “más vale un tratado malo que ninguno”.

 

FOTOGRAFÍA: Salva Kiir (derecha) y Riek Machar (izquierda). Philip Dhil/EPA