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Ser mujer, como por desgracia ha quedado de relieve estos días en España, ya supone una clara desventaja. Pero si le vamos añadiendo intersecciones y contextos, como los que se dan en Gaza, podemos a llegar a situaciones absolutamente dantescas. Ser mujer, refugiada, pobre, superviviente de violencia de género, palestina y habitar en Gaza reúne todos los ingredientes para un coctel de difícil digestión.

Como responsable de asistencia técnica y evaluación del IECAH he tenido la oportunidad de pasar unos días en la Franja de Gaza, evaluando un proyecto de servicios integrados para las mujeres vulnerables y, más en concreto, para supervivientes de violencia de género. Durante esta visita se llevaron a cabo grupos focales, visitas y entrevistas con organizaciones de la sociedad civil, con ONG, con los clusters, con personal sanitario y con mujeres gazatíes, para comprender mejor el contexto, sus necesidades y sus demandas.

La Franja de Gaza es una de las zonas del planeta más densamente pobladas. Sus casi dos millones de habitantes se aglutinan en apenas 385 kilómetros cuadrados. Desde que en 2006 ganara las elecciones Hamás, la Franja se haya sitiada por tierra, mar y aire por Israel. Se trata, desgraciadamente, de la cárcel a cielo descubierto más grande del mundo. Este bloqueo, además de a la movilidad de las personas, afecta también a la importación de bienes, como medicamentos y equipos sanitarios.

A ello hay que sumarle una, de momento, irreconciliable división política entre Fatah y Hamás, lo que ha derivado en el impago de funcionarios/as de Gaza por parte de la Autoridad Palestina (AP)– en manos de Fatah, desde Cisjordania- y el pago irregular por parte de Hamás– que gobierna en la Franja. De hecho, al entrar en Gaza una de las primeras cosas que sorprende- si se desconoce el contexto- es que se debe superar primero el puesto de control de Israel para, un kilómetro de túneles de verja más adelante, enseñar el pasaporte a la AP y, finalmente, mostrárselo a Hamás.

Además, derivado de la decisión de la AP de no pagar a Israel por el servicio de suministro eléctrico a la Franja, Gaza vive en estos momentos una crisis energética sin precedentes, con cortes constantes de electricidad y un suministro diario de aproximadamente 4 horas. Como resultado, se ha disparado la demanda de generadores y baterías (en un contexto donde la gestión de residuos sólidos es inexistente) y la escasez de combustible es alarmante.

Por otro lado, el llamamiento que ha lanzado OCHA para cubrir las necesidades humanitarias de la población apenas ha sido cubierto en un 50% por los donantes en los dos últimos años. Se calcula, por ejemplo, que, en 2017, solo el 33% de los llamamientos realizados desde el sub-cluster de violencia de género en Gaza fueron financiados, por lo que unas 6.800 supervivientes de violencia de género no pudieron recibir ningún tipo de atención debido a la falta de recursos. A eso hay que añadir el severo recorte de fondos para UNRWA– que en Gaza gestiona la mayor parte de los servicios sanitarios y educativos para las personas refugiadas-, tras la decisión adoptada por la administración norteamericana, con unos efectos que ya empiezan a sentirse en el terreno.

En este contexto, las estadísticas sobre violencia de género disponibles apenas muestran la punta del iceberg. Por un lado, se trata de una lacra invisibilizada, con escasísimas denuncias oficiales y un sistema aún en ciernes para sistematizar todos los casos recibidos por organizaciones sociales gazatíes e internacionales. El informe del sub-cluster de violencia de género de marzo de 2018 calcula que unas 148.000 mujeres están expuestas a violencia de género, de las cuales el 40% están expuestas a abusos psicológicos, el 25% a abusos físicos y el 18% a la falta de acceso a recursos; una vez más, no se indican cifras para la violencia sexual, y más adelante se entenderá por qué.

El sistema fuertemente patriarcal de la Franja de Gaza, unido a las restricciones de movimiento y el contexto humanitario que se vive, vulnerabilizan en extremo a mujeres y niñas, exponiéndolas a un ciclo de violencias de muy complejo abordaje.

De los datos que manejan los organismos internacionales cabe destacar que, para una población de casi dos millones de habitantes, tan solo hay tres funcionarios habilitados para gestionar casos de violación. Estas tres personas han formado a su vez a tres mujeres, que pueden gestionar los casos, pero no firmar los informes. El resto de personal sanitario, ya sea público o privado, no está autorizado a tratar a mujeres que afirmen haber sido violadas. Por lo tanto, aquellas personas que desafíen la norma se ven expuestas a consecuencias jurídico-legales. Significativamente el informe del sub-cluster de violencia de género de Palestina, apuntaba, para el periodo de enero a junio de 2017, 0 violaciones entre la tipología de violencias de género indicadas.

Por otro lado, aquellas mujeres que consigan acceder a los recursos mencionados deben esperar, desde que son examinadas, un tiempo indefinido hasta la recepción del informe; tiempo en el que quedan expuestas a crímenes de honor por parte de su familia biológica y/o política, con el evidente riesgo de ser asesinadas. No es de extrañar, ante este panorama, que la inmensa mayoría de mujeres supervivientes de violaciones opten por silenciarlas y retornar o permanecer en sus hogares, en ocasiones junto al perpetrador o perpetradores.

Así mismo, si una mujer necesita un informe oficial sobre su estatus de superviviente de violencia de género, debe pagar al Ministerio correspondiente 180 shekels (el equivalente a unos 40 euros). Teniendo en cuenta que la mayoría de ellas, sobre todo las más vulnerables, apenas pueden pagarse el transporte de sus casas a los centros de salud (unos 10 shekels, de media, que se corresponden con dos euros y medio), estamos ante un mecanismo de disuasión extremadamente efectivo. Además, hay que contar con que los hombres encuentran muchas facilidades para obtener certificados de instituciones públicas, poniendo en entredicho la salud mental de las mujeres, por lo que, en definitiva, muchas de ellas no se arriesgan a perder, no solo la custodia de sus hijas, sino la mera posibilidad de verlas.

Los cortes diarios de luz han convertido muchas calles y rincones de Gaza en emboscadas peligrosas para mujeres y niñas, así como los propios hogares, donde la violencia intrafamiliar se ha incrementado exponencialmente. A esto se le unen los problemas derivados de la escasez de agua apta para el consumo y la higiene diaria y la ausencia de soluciones habitacionales en campos para personas refugiadas, con altos índices de hacinamiento y falta absoluta de privacidad, configurándose un panorama desolador donde la violencia de género y la violencia sexual están a la orden del día.

La ausencia total de oportunidades económicas, unido a las restrictivas normas sociales lastran por completo la autonomía de las mujeres y su posibilidad de huir del círculo de violencias en el que se ven atrapadas. En toda Gaza solo existe un refugio seguro, de carácter gubernamental, en el que las mujeres no pueden quedarse a dormir, sino únicamente a pasar el día, y las más vulnerables– por ejemplo, aquellas con diversidad funcional y trabajadoras del sexo– no son admitidas, por falta de recursos y capacidades.

Ante este panorama es especialmente encomiable la labor que desarrollan organismos internacionales, ONG, organizaciones sociales de base comunitaria y las propias mujeres, mostrando unos niveles de solidaridad, conciencia y compromiso envidiables, aunque solo cabe concluir que el nivel de necesidades actuales desborda las capacidades y recursos existentes.

¿Es mucho pedirle a la comunidad internacional que ponga en marcha toda la maquinaría diplomática a su alcance para mediar en lo que hoy constituye un callejón sin salida, especialmente para las mujeres y las niñas? ¿Y es mucho pedirles a los donantes y al sector humanitario que no se olviden de Gaza?

Espero que no. La historia, no nos absolverá.

Foto: Mujer caminando por las calles de Ciudad de Gaza