Refugiados sirios en Turquía. Caroline Gluck/ EU ECHO

Desde tiempos inmemoriales la guerra y el conflicto entre las sociedades han generado víctimas, incluyendo refugiados y desplazados. Sin embargo, solo es tras la Segunda Guerra Mundial cuando se crea un estatuto internacional que atiende a estas personas, con la aprobación de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de Naciones Unidas en 1951. La Convención define quién es refugiado y establece la protección internacional para las personas así consideradas. Desde entonces y hasta hoy los conflictos han generado millones de refugiados y de desplazados internos, alcanzando en 2017 la cifra de casi 66 millones de personas desplazadas forzosamente, según datos de ACNUR.

Los refugiados han pasado así a convertirse en piezas fundamentales de los conflictos y de la diplomacia que los rodea, derivando en su uso por parte de actores estatales y no estatales y en su securitización de manera generalizada.

 

La securitización de los refugiados

Securitización es un término que fue acuñado por la Escuela de Copenhague de Estudios Críticos de Seguridad para referirse a la transformación de determinados asuntos en cuestiones de seguridad por parte de los Estados, lo que implica el uso de medios extraordinarios en nombre de la seguridad. Como consecuencia, los asuntos securitizados reciben una atención y medios desproporcionada en comparación con otros, cuya importancia pueda ser igual o mayor, y se analizan y responden desde una perspectiva eminentemente policial y militar.

Buzan, Waever y de Wilde apuntaban en su obra “Security: A new framework for analysis” nuevos dominios que serían incorporados como cuestiones de seguridad más allá del tradicional campo militar, incluyendo la política, la economía, lo social y el medio ambiente. Uno de los temas que ha sido securitizado durante las últimas décadas han sido las migraciones y los refugiados, lo que implica que estos son vistos como potenciales actores de conflicto y no como seres humanos necesitados de protección internacional.

Este fenómeno está ampliamente presente en escenarios de conflicto en todos los rincones del planeta. A modo de ejemplo, baste citar el genocidio de Ruanda en 1994 y la posterior expulsión de cientos de miles de hutus, que se refugiaron en la República Democrática del Congo (entre ellos los líderes del genocidio). En los últimos años este debate se ha trasladado a Europa, motivado por el influjo de refugiados procedentes de distintos escenarios de conflicto en Oriente Medio y África. El discurso dominante en torno a los mismos se ha centrado en sus potenciales efectos negativos en las sociedades de acogida, asociados a la criminalidad y a ser ‘caballo de Troya’ de los grupos terroristas que operan en dichos escenarios.

En Alemania, país que ha acogido a más de un millón de refugiados en los últimos años- la mayoría sirios, pero también afganos y de otras nacionalidades-, estas políticas securitizadoras se han manifestado claramente en varios sentidos. Uno de ellos fue la teoría de que entre los refugiados que solicitaban asilo en Grecia se colaban potenciales terroristas y miembros de los grupos extremistas que actúan en Siria. Otra deriva se acentuó con las agresiones sexuales masivas cometidas contra mujeres durante las celebraciones de Nochevieja de 2016 en varias ciudades alemanas, aunque después se demostró que solo un pequeño porcentaje de los implicados eran refugiados. Estos incidentes, así como los distintos atentados terroristas ocurridos en Bélgica, Francia, Reino Unido, Alemania y España durante los últimos tres años, han dado alas a discursos xenófobos y racistas defendidos por movimientos y partidos políticos de la extrema derecha que han capitalizado en positivos resultados electorales.

La securitización de los refugiados es, en definitiva, un fenómeno en auge en todas las sociedades. Así se percibe tanto en Europa como en Oriente Medio y en África. Sin ir más lejos, Kenia intentó desmantelar el campo de refugiados somalíes de Dadaab, entre otras razones, por la supuesta infiltración de militantes de Al Shabab, miedo incrementado tras el atentado en el centro comercial Westgate de Nairobi, en septiembre de 2013. Asimismo, el temor a los talibán, formados en las madrasas (escuelas coránicas) de los campos de refugiados afganos en la frontera de Pakistán, es otro ejemplo icónico de la potencialidad de los refugiados como actores de conflicto y su consiguiente securitización.

 

Hacia la re-securitización

En todo caso, hay otros lugares en los que esa securitización de los refugiados ha sido una constante desde la década de los 70. Así, en países como Líbano y Jordania, donde los refugiados representan un porcentaje muy elevado del total de la población- un 25% en Líbano y en torno al 30% en Jordania-, las dinámicas securitizadoras llevan en pie durante décadas.

Durante la década de los 60 y 70, los refugiados palestinos fueron percibidos como una amenaza a la seguridad para Jordania. Los campos de refugiados palestinos se hallaban controlados por la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), actuando como bases desde las que los grupos armados palestinos atacaban a Israel. Esta situación suponía una amenaza para el reino hachemí, como se demostró en 1968 en la batalla de Karamé, en la que el ejército israelí invadió Jordania para hacer frente a los ataques de los palestinos. El poder de las facciones palestinas era tan grande que llevó al enfrentamiento con las fuerzas armadas jordanas, en los hechos conocidos como Septiembre Negro, en 1970. La derrota de la OLP significó la salida de Yasir Arafat y los suyos de Jordania y su traslado a Líbano, mientras que el conjunto de refugiados palestinos que permanecieron en Jordania fueron las peores consecuencias. Desde entonces, la división identitaria entre palestinos y jordanos ha marcado el devenir de la ciudadanía en el país. Y aún a día de hoy, los dos millones de palestinos en Jordania siguen siendo considerados en general como un factor de conflicto y continúan securitizados, tanto por las dinámicas de la cuestión palestina como por otras nuevas.

En Líbano, los palestinos también se convirtieron en un factor conflictual. De hecho, son muchos los libaneses que los culpan del estallido de la guerra civil libanesa (1975-1990). La historia es muy similar a la de Jordania. Las facciones armadas palestinas utilizaron el sur de Líbano como base desde la que atacar a Israel, provocando la respuesta israelí y del ejército libanés. La diferencia es que en este caso la fragmentación social del país de los cedros estaba ya muy marcada de antemano y distintos grupos comenzaron a armarse, provocando la militarización de distintos grupos políticos y religiosos, lo que derivó en el conflicto civil. El fin del conflicto resultó en una nueva expulsión para los dirigentes de la OLP, con destino a Túnez, y en la securitización de los refugiados palestinos que allí se quedaron, traducida en su trato como ciudadanos de segunda clase, restringidos de trabajar en la mayoría de profesiones, adquirir propiedades y condenados a la pobreza (dos tercios de los refugiados palestinos en Líbano, según UNRWA).

Esta misma dinámica se ha trasladado ahora a los refugiados sirios, pero con una nueva motivación: la del terrorismo yihadista. En Líbano, los refugiados sirios han sido tachados de importar el extremismo suní al país. La mayoría de los sirios se han instalado en zonas de mayoría suní, como la ciudad de Trípoli, en el norte, donde se han registrado altercados y de dónde procede parte de los libaneses que se han unido a grupos extremistas en Siria. Aunque esta dinámica esté motivada por la discriminación política y económica de los suníes en Líbano, los refugiados sirios sirven así como chivo expiatorio de problemas locales.

En Jordania, los campos de refugiados sirios, como el de Zaatari, son vistos como nidos de extremismo, aunque hasta la fecha no se dado ningún hecho que así lo corrobore, ni ciudadanos sirios han sido detenidos por su implicación en ninguno de los ataques perpetrados o frustrados en el reino. Sin embargo, esta percepción fue determinante para cerrar el paso fronterizo de Rukban (ubicado al este del país, cerca de la triple frontera sirio-jordana-iraquí) a los refugiados sirios que huían del avance de Daesh en la zona de Deir ez-Zor. Miles de sirios fueron confinados al otro lado de la frontera sin asistencia humanitaria y condenados a perecer en el desierto durante meses, como corroboraron las imágenes satelitales proporcionadas por Amnistía Internacional, donde se observaban tumbas improvisadas. Varios ataques contra las fuerzas armadas en esta zona han reafirmado a las autoridades jordanas en su decisión de no permitir la entrada de los refugiados.

Por su parte, los palestinos no han logrado zafarse de esta securitización. Es más, la guerra contra el terrorismo ha reforzado estos estereotipos. Por ejemplo, el rey Abdalá II declaró el pasado junio en una entrevista al Washington Post que el 96% de los detenidos por pertenencia a Daesh en Jordania eran de origen palestino. Una afirmación equivocada, primero, porque no existen estadísticas oficiales sobre la identidad de aquellos que forman parte de los grupos terroristas, y, segundo, porque en el estudio realizado por los profesores Muhammad Abu Rumman y Hassan Abu Hanieh, un 34% de los detenidos en relación al terrorismo yihadista serían jordanos de origen palestino mientras que un 10% serían jordanos[1].

Pese a no corresponder a la realidad, el hecho de que algunos de los ataques y células desarticuladas lo fueran en enclaves palestinos (como la célula desarticulada en el campo de refugiados palestinos en el centro de Irbid y el ataque contra la oficina de la agencia de inteligencia jordana en el campo de refugiados de Baqa’a) ha reforzado esta narrativa. En cualquier caso, asistimos a una securitización de los palestinos motivada por el terrorismo yihadista, aunque los mismos siempre hayan sido más proclives a apoyar a los grupos palestinos en Gaza y Cisjordania que a actores como Al Qaeda o Daesh.

En último término, la securitización de los refugiados no solo significa tomar a las víctimas por verdugos, sino que contribuye directamente al fomento de tensiones sociales y radicalización fruto del estigma social y la marginación. Desecuritizar el refugio es vital para hacer efectivo el mandato de asistencia y protección internacional de los solicitantes de asilo y para fomentar la cohesión social y la integración.


[1] El estudio se basa en una muestra de 136 acusados ante el Tribunal de Seguridad del Estado durante la década pasada. Como reconocen los autores, la información tiene su origen en fuentes periodísticas, puesto que la información oficial es confidencial.

Foto: Creative Commons. Refugiados sirios en Turquía. Caroline Gluck/ EU ECHO