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La conmemoración del primer aniversario de la firma del Acuerdo de Paz entre las FARC-EP y el gobierno colombiano ha motivado la publicación de numerosos documentos de balance de la situación a un año de su firma y, en general, las conclusiones de todos ellos van en la misma línea. La principal conclusión es que “la guerra, entendida como conflicto armado, terminó, es decir, el conflicto armado se acabó, con ello casi todos los indicadores de violencia están descendiendo de forma impresionante” como refleja el informe de la Fundación Paz y Reconciliación.

Existe también un acuerdo prácticamente unánime en que la implementación de los Acuerdos está siendo muy lenta y que los principales retrasos se están produciendo por parte del gobierno y del Congreso. Las FARC-EP han cumplido mucho mejor sus compromisos y la entrega de armas y la desmovilización de combatientes son las dos realidades más visibles de todo el proceso post acuerdo. El informe del Instituto Kroc, organismo al que los propios Acuerdos encargan el seguimiento y monitoreo de los mismos, es claro al respecto.

“De acuerdo con el análisis de las 558 disposiciones que conforman el Acuerdo Final, permite evidenciar, al 31 de agosto de 2017, actividades de implementación en 251 disposiciones (45%), sin observarse ninguna actividad en 307 disposiciones (55%). Aproximadamente el 17% de las disposiciones en el Acuerdo Final de Colombia han sido completamente implementadas, 6% tienen un nivel de implementación intermedio y 22% se han implementado mínimamente. Casi una cuarta parte de todas las disposiciones del Acuerdo han sido implementadas de forma intermedia o completa.”

Estos retrasos en la implementación tanto en su dimensión jurídica, con el debate sobre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a la cabeza,  como en lo que afecta al abordaje de las causas profundas de la violencia se han convertido en los principales cuellos de botella. Como resume Ariel Avila de la Fundación Paz y Reconciliación “El Acuerdo de paz tenía tres grandes objetivos. El del Gobierno era que las FARC desaparecieran como grupo armado ilegal, y eso se logró, si bien hay disidencias, lo cual es normal en todo proceso de paz, estos ya son grupos dedicados a la economía ilegal y no tienen relación con la dirigencia del nuevo partido. El objetivo de las FARC era participar en política, lo cual hasta el momento se va logrando, aunque hay que esperar la estatutaria de la JEP. Pero el objetivo central era acabar con las causas estructurales del conflicto armado, con esas condiciones que han hecho que Colombia, desde su vida republicana, cada tantos años, repita una ola de violencia nueva. Para acabar con estas condiciones estructurales se necesitaba una mejor tarea del Congreso, como los temas de tierras y reforma política y todo eso quedó en nada.”

Otros aspectos que se recalcan en todos los informes es el del aumento de las agresiones contra defensores y defensoras de los derechos humanos que han aumentado respecto al año 2016, y el del escaso grado de cumplimiento en uno de los temas más novedosos del acuerdo de paz: las cuestiones de género.

¿Y las cuestiones humanitarias?

Con estos datos  sobre el avance del cumplimiento del Acuerdo de paz y teniendo presente el proceso de negociación con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el crecimiento de los Grupos Armados Organizados (GAO)en algunos Departamentos del país ¿cómo ha evolucionado en este año la situación humanitaria? La primera sorpresa al leer la mayor parte de los informes de diversos organismos es que apenas hacen referencias a este tema y pasan muy rápido en el análisis de situaciones como las del Departamento  del Chocó, donde se ha producido un agravamiento de la situación que ha hecho que numerosas organizaciones pidieran al gobierno colombiano y al ELN que firmaran un  acuerdo humanitario. Tampoco se hacen muchas referencias a la situación de la costa del Pacífico con el caso de Tumaco como especialmente grave en materia humanitaria.

Estas situaciones y las de otros departamentos como Arauca y Norte de Santander, con el impacto de la crisis venezolana como telón de fondo, nos vendrían a poner de manifiesto la continuidad de graves consecuencias de carácter humanitario, algunas ajenas evidentemente al Acuerdo de paz, que continúan en ciertas regiones del país y que se están invisibilizando por el énfasis puesto en otras dimensiones del proceso. Según datos de la Oficina de Coordinación de los Asuntos Humanitarios (OCHA), está volviendo a crecer el desplazamiento masivo en ciertos departamentos “En el marco de la implementación del Acuerdo de paz, entre el Gobierno y uno de los actores armados más representativos que tuvo el país, preocupa que en sólo nueve meses del presente año, el número de personas desplazadas representa el 93% del total de la población desplazada en 2016, evidenciando la necesidad urgente de atención y protección de estas comunidades rurales y urbanas afectadas. Los departamentos más afectados por este tipo de eventos han sido Chocó, Nariño y Norte de Santander, concentrando el 82% de la población desplazada. Municipios como Litoral de San Juan, Santa Bárbara de Iscuandé, Buenaventura, Hacarí, incluso Medellín llaman la atención por la recurrencia de eventos (4 en cada caso), superando la capacidad de respuesta y creando grandes desafíos para el Estado y los actores humanitarios, para la atención oportuna de las comunidades”

Pese a la evidencia de los datos que recopila OCHA, desde hace unos meses se ha acelerado la discusión sobre la presencia humanitaria internacional en el país. Presencia que siempre ha sido poco comprendida por algunos sectores del gobierno colombiano. La posibilidad de que desapareciera la figura del Coordinador Humanitario en el país, los grandes recortes que está sufriendo OCHA en su presupuesto, entre otros, son indicadores de que algunos sectores quieren reducir esta presencia.

Los actores humanitarios, desde los orígenes del humanitarismo en los conflictos armados, han tenido claro que no deben permanecer en un país ni un minuto más de lo necesario y que deben dar paso a otros actores e instrumentos de cooperación. Pero tampoco debemos retirarnos un minuto antes de lo necesario. La experiencia de otros procesos de paz pone de manifiesto que la retirada apresurada de la ayuda humanitaria puede ocasionar problemas en el futuro, dejando a muchos sectores de población, a los más vulnerables,  sin protección de sus derechos en zonas remotas del país. Ya alertábamos de esos riesgos hace dos años en nuestro informe “La dimensión humanitaria tras los acuerdos de paz: propuestas para la comunidad internacional en Colombia”   y la actual situación nos afianza en que el análisis era correcto.

Christian Visnes, Director de País  del Consejo Noruego para Refugiados (NRC) lo ha expresado con rotundidad “El gobierno colombiano está bajo una inmensa presión política. Debe cumplir con los recientes Acuerdos de paz con las FARC-EP. También debe iniciar un proceso similar con la segunda guerrilla más grande de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), a la vez que se cumple con el cese al fuego bilateral que entró en vigor el 1 de octubre. Y por encima de estas responsabilidades, debe responder a la situación de inseguridad actual. El apoyo humanitario internacional se necesita ahora más que nunca para garantizar que este delicado proceso no se arruine”.

La acción humanitaria, tanto la internacional como la realizada por instituciones y ONG colombianas, debe permanecer en el país garantizando protección y asistencia a los sectores más vulnerables de la población que, en muchos casos, no solo no están recibiendo los beneficios del Acuerdo de paz sino que han visto su vida  empeorada y amenazada por las consecuencias de otras situaciones de violencia, ligadas o no con el conflicto armado.