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Sabíamos que algunos países como Haití  solo son objeto de atención mediática cuando sufren desastres o estallidos de violencia social y política. Conocíamos también las enormes dificultades que sigue teniendo el país para recuperarse tras el impacto del huracán Matthew o para estabilizar su situación política tras los sucesivos aplazamientos electorales. Y éramos conscientes de los muchos fiascos y fracasos de la cooperación internacional en Haití y de los numerosos incumplimientos de los compromisos financieros asumidos por los países donantes en foros internacionales. No podíamos imaginar, sin embargo, que las tramas corruptas de nuestro país iban a aprovechar la débil situación haitiana para sus sucios negocios y para enriquecerse, como siempre, a costa de los más pobres y vulnerables.

Primero fue el fraude de más de 220.000 euros por parte de la Federación Española de Futbol, de subvenciones que deberían haber llegado a su homóloga haitiana, que nunca se desembolsaron y alguien se quedó por el camino. El llamado “Caso Haití” que aún se está investigando y que debería suponer la inhabilitación de algunos cargos de la Federación. Y cuando creíamos haber visto todas las posibles “chorizadas”, conocemos que también en la trama del ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio Gónzalez y de su enriquecimiento ilícito y de financiación del Partido Popular en el caso del Canal de Isabel II, se han utilizado fondos de proyectos de cooperación en Haití. En realidad, nada nuevo si recordamos lo que el mismo partido perpetró en la Comunidad de Valencia en el llamado “Caso cooperación”. Casos que muestran todos ellos una bajeza moral difícilmente superable.

Prórroga parcial de la MINUSTAH y cambio de mandato

Sin embargo, en las últimas semanas se han producido algunas decisiones que afectan a Haití que pueden suponer importantes cambios para el futuro del país y a las que, lamentablemente, los medios de comunicación españoles apenas han dedicado atención.

La Resolución 2350 (2017) aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU el pasado 13 de abril supone un cambio en la Misión de Estabilización de Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH que encara ya su última fase que debería concluir en el mes de octubre dando paso a otra misión distinta. Según la Resolución, esta misión de paz mantendrá su presencia y trabajo en ese país durante seis meses más, incluida la reducción del componente militar, en los que también deberá preparar su salida para el 15 de octubre de este año.  También establece una nueva misión de mantenimiento de la paz más pequeña para sustituir a la MINUSTAH: la Misión de la ONU de Apoyo a la Justicia en Haití (MINUJUSTH) que según la ONU “ayudará al gobierno de ese país a consolidar los avances logrados hasta el momento mediante el robustecimiento de las instituciones y el estado de derecho, el desarrollo de la policía y el fortalecimiento de los derechos humanos”. Misión con componentes básicamente policiales y civiles.

Pese a este cambio que era esperado por las instituciones haitianas y por la mayor parte de los países de América Latina que aportan tropas a la MINUSTAH, la Resolución no contenta a las organizaciones sociales haitianas que siguen considerando que la presencia internacional en el país tiene tintes neocoloniales que atentan a la soberanía.  La Plataforma Haitiana de incidencia para un desarrollo alternativo (PAPDA), señala el fracaso de la MINUSTAH, al tiempo que condena el envío de la nueva misión. Por su parte, la coordinación del Movimiento Popular Democrático (MODEP) pide la desocupación total del país y un proceso de compensación para todas las víctimas del cólera, que desde el 18 de octubre de 2010 en Haití ha causado la muerte de más de 10.000 personas, hasta abril de 2017.

La responsabilidad de la MINUSTAH en el origen del brote de cólera en Haití está fuera de toda duda y el anterior Secretario General de la ONU Ban Ki Moon en uno de sus últimos actos públicos pidió perdón al pueblo haitiano, al tiempo que solicitó 400 millones de dólares a la comunidad internacional para paliar sus efectos. Hasta ahora solo se han obtenido el 4% de estos fondos.

El otro tema que está creando una fuerte polémica en el país relacionado con la retirada del componente militar de la MINUSTAH es el de la necesidad o no de recrear el ejército haitiano que, conviene recordar, fue disuelto en el año 1995 por el presidente Jean Bertrand Aristide en un contexto de golpes militares e intervención estadounidense muy complejo. El actual presidente Jovenel Moïse planteó en su programa electoral esta recreación pero sin concretar los detalles de la misma. La Resolución 2350 no aborda el tema y la propia Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas en Haití y Jefe civil de la MINUSTAH, Sandra Honoré, confirmó que ese tema no está en la agenda de la ONU “[…] sí, admitimos que hay un debate en Haití en este momento, con respecto a la reconstitución de las Fuerzas Armadas de Haití, pero este es un debate nacional en este momento y el Consejo de Seguridad se limitó a tomar nota de este debate nacional.” Muchos sectores haitianos y de la comunidad internacional plantean que, dado el tipo de amenazas a las que se enfrenta el país, la solución más razonable sería el fortalecimiento de la Policía Nacional Haitiana (PNH).  Además, es evidente que los costes de recreación del ejército están fuera del alcance del país que debe marcar otras prioridades en su desarrollo.

En cualquier caso, la Resolución 2350 supone un pequeño cambio por parte de la ONU que debe abordar su apoyo a Haití desde otras claves distintas a las que ha tenido hasta ahora. La Resolución se sigue basando en el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas considerando a Haití una amenaza para la paz como viene haciendo desde la Resolución 1542 (2004). ¿De veras puede considerarse que Haití es una amenaza para la paz?