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A lo largo del país se recogen imágenes desgarradoras de la situación de crisis a consecuencia de las lluvias incesantes, el desborde de ríos, los daños incuantificables y la lamentable perdida de vidas. Conforme a lo indicado por el Primer Ministro, Fernando Zavala, en entrevista televisiva y datos brindados por el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN),  a la fecha, las cifras de este desastre son: 626,298 afectados, 99,475 damnificados, 10,538 viviendas colapsadas y 134,125 viviendas que presentan daños, 263 heridos, 12 desaparecidos y 75 fallecidos.  


A pesar de estas cifras, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski ha preferido no declarar el Estado de Emergencia Nacional  y está evaluando la opción de hacerlo sólo por zonas. Conversamos sobre el tema con el Profesor de Derecho Constitucional, Dr. Nelson Ramírez: “El estado de emergencia tiene (…) como principal efecto, en el orden legal, la suspensión de ciertas garantías sobre derechos fundamentales (…) la conducta social actual,  focalizada en brindar ayuda a los más afectados, es una gran muestra de solidaridad. Por tanto, la declaración de emergencia para preservar el orden social no se justifica. Otro efecto es el administrativo, permite a las autoridades disponer de los fondos públicos sin ningún control (…). En tal sentido, la declaración de emergencia podría paliar los graves problemas que acaecen en diferentes lugares. Sin embargo, los daños son de tal nivel, que los gobiernos locales, usando todo su presupuesto, no podrían hacer frente al problema por si mismos. Por todo ello, creo que hay que guardar un adecuado equilibrio en el accionar del poder ejecutivo. Ni una declaración de emergencia abierta e indiscriminada que, además de ser ineficaz,  permita todo tipo de tropelía; ni una actitud pro fiscalizadora que impida una ayuda oportuna y eficaz a los más afectados.”

Respecto a este contexto,  diversos comentarios en redes sociales de comunicación como Facebook, Whatsapp, Instagram, Twitter, etc., nos permiten dos lecturas: Una, que la población es capaz de movilizarse rápidamente para organizar grupos de ayuda, canalizar donaciones, etc. y que también puede, en alguna medida, presionar al estado e incluso al sector privado para que tomen acciones coherentes con la coyuntura actual y apoyen la respuesta nacional (#FuerzaPeru, #UnaSolaFuerza, #TodosSomosUno, #PeruNosHacemosCargo, #PeruDaLaMano, etc.). Muestra de ello podría ser el hecho que congresistas de bancadas radicalmente divergentes se hayan sentado a analizar en conjunto la situación en el Centro de Operaciones de Emergencia (COEN), o que se haya aplazado la interpelación al Ministro de Transportes y Comunicaciones, o que se haya presionado a una conocida Línea Aérea Latinoamericana para reducir sus elevadísimos precios hacia/desde las zonas de mayor desastre.  

Dos, los diversos mensajes publicados también evidencian la falta de memoria histórica respecto a la recurrencia de desastres y la falta de una cultura de gestión del riesgo así como un adecuado conocimiento de las responsabilidades de los actores públicos en la reducción de la vulnerabilidad de la población:  “este es un desastre natural y no se puede hacer nada”, “que pena que esto suceda cada año pero contra el embate de la naturaleza nada se puede”, “esto es consecuencia del cambio climático”, “no podemos culpar al gobierno porque es la fuerza de la naturaleza”, o más grave aún que el propio alcalde de Lima declare que “la naturaleza venció a la ingeniería” después de la caída de un puente con defectuosa estructura construido durante su gestión.

Lo cierto es que sí pudo prevenirse esta crisis, sí pudo mitigarse su impacto y sí hay responsabilidad directa del estado y, de manera muy específica, de los gobiernos locales, los cuales han invertido un porcentaje ínfimo de sus presupuestos para la gestión del riesgo de desastres.

Dentro del Marco de Acción de HYOGO y la Estrategia Internacional para la reducción de desastres (EIRD), se aprueba en 2010 la Política No 32 de Gestión del Riesgo de Desastres y la Política No 34 de Ordenamiento Territorial. Al año siguiente, se crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres (SINAGERD) mediante Ley No 29664.  En 2014 se desarrolla el Plan de Gestión del Riesgo (PLANAGERD) 2014-2021 donde se establecen recomendaciones y directrices generales en la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) que son de obligatorio cumplimiento por las entidades públicas. De igual manera, el vigente Marco de SENDAI para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 enfatiza abordar la reducción del riesgo existente y reforzar la resiliencia, así como la responsabilidad primordial de los Estados de prevenir y reducir el riesgo de desastres, y la participación de toda la sociedad y todas las instituciones del Estado.

Por su parte, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), responsable técnico de coordinar, facilitar y supervisar la formulación e implementación de la Política Nacional y el Plan Nacional de GRD, lleva un registro estadístico de la recurrencia de eventos,  de las emergencias y de los daños ocasionados en cada evento.  

Es decir, el Estado sí cuenta con la información, con la estructura institucional, con las herramientas y las capacidades técnicas. Sin embargo, la implementación del enfoque de “gestión prospectiva, correctiva y reactiva a través de siete procesos: estimación del riesgo, prevención, reducción del riesgo, preparación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción” estipulado por el PLANAGERD ha sido insuficiente, poco efectiva o inclusive nula.

El Sismólogo Julio Kuroiwa, en una entrevista del Diario Perú 21, señala: “Desde el año 98, después del Fenómeno del Niño de 1997, 1998, una serie de tesis de egresados de la UNI    indicó que el mapa de inundación de Piura, Tumbes, Sullana, Talara fue copia al carbón de las inundaciones de 1982 y 1983. Yo propuse al entonces primer ministro, que era jefe de la Reconstrucción del Niño (CEREN), y a los alcaldes de las ciudades de Piura y Tumbes, que la reconstrucción debía hacerse de acuerdo al mapa de inundaciones, incluyendo el efecto sísmico. Desde el año 1998 hasta el 2015 tenemos el mapa de amenazas múltiple de 170 ciudades incluyendo Piura, Chiclayo, Tumbes, Chaclacayo…Hemos difundido todo lo que se puede y esos mapas están en página web del Indeci. Hace como 15 años hemos venido trabajando (…). Hay mapas que indican dónde se inunda, cuáles son los sitios más peligrosos para tsunami, para terremoto. Lamentablemente los municipios no están utilizando esto a pesar que no nos cansamos de advertirles”.

El Ex Viceministro de Economía Carlos Casas indicaba el 17 de marzo, en una entrevista del Diario El Comercio, que el efecto ODEBRECH y el cambio del sistema de inversión pública sumado a los efectos del Fenómeno del Niño Costero hacen “una tormenta perfecta que no se la deseo a ningún ministro”.  Es evidente que esta tormenta no empezó ahora. Las perdidas y daños acumulados en Perú entre 1990 y 2013 ascienden a más de 4’700,000 millones de  personas afectadas .  No obstante, en el balance de ejecución de la inversión publica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) del 2007 al 20015, sólo se indica que “la incorporación de la gestión de riesgos de desastres en la inversión pública tiene avances importantes” sin mostrar datos estadísticos específicos que lo corroboren.

Es muy pronto para cuestionar al gobierno actual por la falta de medidas de GRD de largo plazo pero sí es importante hacer una reflexión  de lo que viene haciendo: Está desarrollando un importante despliegue logístico para canalizar la ayuda humanitaria y, a la fecha, INDECI ha distribuido alrededor de 1,500 toneladas de ayuda humanitaria entre los diferentes gobiernos regionales con zonas afectadas sin considerar la ayuda que cada ministerio está distribuyendo en forma directa. Por su parte, el MEF ha emitido una serie de disposiciones legales para flexibilizar el uso partidas presupuestales alcanzando los 4,400 millones de soles  que serán destinados para la rehabilitación y reconstrucción.  Hay una importante movilización del Ejercito y la Policía Nacional ejecutando labores de rescate, apoyo logístico y protección.  Se están coordinando acciones y disponiendo de apoyo logístico para el acopio y distribución de las donaciones de la sociedad civil. Se han establecido puentes aéreos y marítimos para el envío de la ayuda.  El sector salud ha desplegado brigadistas de auxilio medico y prevención de posibles brotes epidémicos e infecciones; entre otras medidas.

peru2017 rrdSin embargo, la mayoría de las medidas tomadas en estos momentos de crisis son básicamente reactivas y paliativas y no van de la mano (al menos no todavía) con estrategias de prevención. Queda claro que la prioridad es proteger a la población y salvar vidas pero justamente por ello, el gobierno no debe olvidar lo que el calendario de Riesgos de INDECI advierte: lo que sigue son las heladas, friajes y bajas temperaturas. No estamos preparados. Y los miles de afectados (a la fecha) no sólo han perdido sus casas y sus medios de subsistencia sino que ahora son mucho menos resilientes ante las recurrentes amenazas que, sin lugar a dudas, se van a ir presentando en los próximos meses.

La GRD en el Perú representa un gran desafío de largo plazo, sobretodo si los gobiernos continúan su accionar basado en una dicotomía entre emergencia y desarrollo. Al parecer hay indicios que este gobierno tiene la intención de cambiar las cosas. Por ejemplo, PPK ya ha anunciado que “se iniciarán los estudio de preinversión para realizar el trazo de la nueva carretera central que no enfrente los problemas de los huaicos”. Veremos qué sucede en los próximos meses.

Imagen: Imagen 1 tomada de un video circulando en Facebook.  Evangelina Chamorro luchando por escapar del huaico en Punta Hermosa, Lima. Marzo 2017. Imagen 2 tomada de INDECI.