Las violaciones de derechos humanos en la Operación plomo endurecido

Escrito por Ida de la Hera, Laurence Thiux

(Para Cambio 16)

El 3 de abril de 2009 el presidente del Consejo de Naciones Unidas para los Derechos Humanos establecía la creación de una Misión especial –Fact Finding Misión on the Gaza Conflict- que investigase las posibles violaciones de derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario (DIH) cometidas en Gaza entre el 27 de diciembre de 2008 y el 18 de enero de 2009 –que conocimos como “Operación plomo endurecido”-. El pasado 15 de septiembre conocíamos los resultados de esta investigación, en forma de un informe -de más de 570 páginas y resultado de un trabajo de varios meses liderado  por  el juez surafricano Richard Goldstone- que viene a confirmar las graves violaciones de cometidas por Israel antes, durante y después de la operación militar israelí, denunciadas a su vez por numerosas organizaciones de defensa de los derechos humanos palestinas como el Palestinian Center for Human Rights o internacionales como Amnistía Internacional.

La Misión de investigación ha abarcado un marco temporal suficiente como para desmantelar una cuestión clave de cara a la legalidad internacional –o la falta de la misma- de la ofensiva militar israelí: la legítima defensa. Los hechos relatados dan cuenta de que, en los meses previos a la ofensiva, Israel no respetó los compromisos adquiridos respecto a la circulación de bienes y personas, que fue su gobierno quien rompió el cese al fuego acordado en junio de 2008 -con la incursión militar de noviembre de 2008 en la que murieron varios militantes de Hamas- y desmantela, o al menos cuestiona, de esta forma el carácter defensivo de la operación “plomo endurecido” -lo que en sí supone considerarla ilegal conforme al capítulo 7 de la Carta de Naciones Unidas-.  Además, pone de manifiesto cómo las violaciones de derechos humanos y del DIH no pueden ser desvinculadas del régimen de ocupación militar impuesto por Israel a los Territorios Palestinos.

En lo que respecta a Hamas, el informe habla, por supuesto, del lanzamiento de cohetes a los territorios israelíes, que identifica como crímenes de guerra por estar dirigidos contra población civil, y considera podrían llegarse a entender como crímenes contra la humanidad. Estos ataques, señala el informe, han propagado “el terror entre la población civil israelí, como evidencian los altos índices de traumas psicológicos” y han conducido “a la erosión de la vida social, cultural y económica de las comunidades en el sur de Israel”. El informe señala que el hecho de que no haya habido más víctimas mortales por estos ataques se debe a una combinación de suerte y de las medidas adoptadas por el gobierno israelí –construcción de refugios, cierre de escuelas o reforzamiento de edificios públicos- a la vez que puntualiza que observa con preocupación cómo Israel no provisto el mismo nivel de protección a los ciudadanos árabes israelíes que a los judíos, absteniéndose de “proporcionar refugios o fortalecimiento de escuelas, por ejemplo, a la población palestina” (pueblos beduinos del desierto del Neguev no reconocidos por Israel y otros pueblos reconocidos poblados por árabes israelíes).

Aunque el informe denuncia las violaciones perpetradas tanto por Hamas como por Israel, la responsabilidad de ambos bandos no es equiparable ya que -sin con ello restar importancia ni gravedad a los crímenes cometidos por Hamas- y tal como describe el informe la ofensiva de Israel no tenía la base legal adecuada y tuvo un impacto descomunal sobre la población civil¹.

El informe observa “con preocupación las declaraciones públicas de funcionarios israelíes, incluidos altos cargos militares, en el sentido de que el uso desproporcionado de la fuerza, los ataques a civiles de la población y la destrucción de bienes civiles son un medio legítimo para alcanzar objetivos militares y políticos”. La Misión considera que estas declaraciones “no sólo socavan por completo el derecho internacional, sino que son incompatibles con el espíritu de la Carta de las Naciones Unidas y, por tanto, merecen ser categóricamente denunciadas” y que “el carácter sistemático y deliberado de las actividades descritas en este informe no deja ninguna duda de que la responsabilidad en primer lugar es de aquellos que han diseñan, planean,
ordenan y supervisan estas operaciones”.

Llama la atención la larga lista con que nos encontramos en lo que a Israel se refiere, que ocupan casi la mayor parte del informe: ausencia de distinción entre civiles y militares, destrucción de casas, infraestructuras de agua y saneamiento, uso desproporcionado de la fuerza, el uso de fósforo blanco o bombas de racimo, y los ataques a hospitales, escuelas e instalaciones de la UNRWA (Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos), son algunos de los hechos que recoge el informe. El ataque a instalaciones propiamente de uso civil y por tanto protegidas fueron justificadas por Israel alegando que eran utilizadas por Hamas como centros de operación y refugio, datos de los que el informe refleja no se han podido encontrar evidencias. Lo que si parece claro, según esta investigación, es que dichos ataques responden a una estrategia clara, deliberada y sistemática del ejército israelí dedicada a castigar, humillar y atemorizar a la población civil y que contribuyó a disminuir radicalmente la capacidad económica local sumiéndola en una mayor dependencia y estado de vulnerabilidad, como se recoge en las conclusiones del documento. Según el informe, la estrategia militar israelí persigue hacer del proceso diario de “vivir y vivir dignamente aún más difícil para la población civil”.

Más allá de las violaciones al DIH cometidas durante la ofensiva militar contra Gaza, el informe pone de manifiesto las consecuencias políticas de la ocupación y la responsabilidad de Israel en el proceso de división política entre Gaza y Cisjordania, en contra de los compromisos adquiridos con la firma de los acuerdos de Oslo, ya que, en un principio la limitación de movimiento y, más tarde, el bloqueo de la Franja de Gaza –a raíz del control de la misma por Hamás-  están impidiendo el contacto entre las dos zonas palestinas.

En definitiva, nos encontramos con un informe que refleja una visión común en cuanto a este conflicto: tanto Israel como Hamas han violado los derechos humanos y el DIH, aunque aún así debiéramos puntualizar la gran diferencia existente entre ambos bandos, ya sea por la responsabilidad en el conflicto –atendiendo por ejemplo a la ocupación israelí, ilegal según Naciones Unidas-, a la desproporción de fuerzas o a la cantidad de violaciones de derechos y víctimas que cada uno lleva a sus espaldas.

Las principales organizaciones de defensa de los derechos humanos palestinas² han manifestado en un comunicado conjunto su apoyo a esta investigación, así como la imperiosa necesidad de que se emprendan efectivas acciones judiciales para juzgar los crímenes denunciados en el informe.

La denuncia de estos crímenes es un primer paso, importante desde luego, aunque aún queda por ver cuales serían las posibles vías de acción judicial a seguir. Parece bastante improbable que el Consejo de Seguridad establezca, como hizo en el caso de Ruanda o la ex Yugoslavia, un Tribunal Penal Internacional especial o que se logre apelar a la competencia de la Corte Penal Internacional. Aunque la vía de la jurisdicción universal sea la más factible, las restricciones que en España se han aprobado recientemente por el Congreso para su ejercicio son poco alentadoras respecto a su viabilidad.

Otra vía podría ser la que propone el informe: la creación de un mecanismo internacional que garantice las compensaciones y reparaciones a las víctimas civiles y la reevaluación por parte de los países europeos de su relación con Israel, atendiendo al hecho de que es un país culpable de crímenes de guerra.

Se trata sin duda de un momento clave para la comunidad internacional desde el punto de vista moral, ético y político para ejercer fuertes presiones sobre Israel y acabar –o empezar a hacerlo- con una ocupación militar que está infligiendo a los palestinos un castigo colectivo largo y pernicioso.

Notas:

1.- Ver el artículo de Richard Falk: “Nécessaire inculpation des responsables de l’agression contre Gaza”, Le Monde Diplomatique, Marzo, 2009.

2.- Adalah,  Addameer, Al-Haq , Al-Mezan ,Arab Human Rights Association, DCI-Palestine, ENSAN, Jerusalem Civic Coalition, Jerusalem Legal Aid and Human Rights Centre, Ramallah Centre for Human Rights Studies, Women’s Centre for Legal Aid and Counseling ,Palestinian Centre for Human Rights, ver el comunicado en http://www.pchrgaza.org