investigar. formar. incidir.

Menú
Actualidad | Artículos en otros medios

Razón de Estado vs. Justicia Universal

imgarticulo_razon_de_estado

(Para Radio Nederland)
Días poco gloriosos vive el Parlamento español con sus miembros más preocupados en las descalificaciones del oponente y en la búsqueda de exiguas y efímeras mayorías para ir saliendo del paso, que en el debate serio de alternativas a la crisis, o la búsqueda de soluciones a los problemas ciudadanos.

Y cuando se plantea alguna cuestión de mayor calado, con dimensiones internacionales, y que supone un replanteamiento de las posiciones anteriores de la Cámara, se recurre a la vía de la urgencia y el cambalache para evitar un debate en profundidad en el que pudieran ser escuchadas todas las posiciones. Este ha sido el caso de la aprobación esta semana por el Congreso de los Diputados de España de una iniciativa para proceder a la reforma de la legislación que regula el ejercicio de la jurisdicción universal por los tribunales españoles, en un paso más -como han dicho las ONG de derechos humanos- para acelerar un proyecto de ley con graves consecuencias para la lucha contra la impunidad.

Desde hace más de una década, con el llamado caso Pinochet como hito más conocido, los tribunales españoles han iniciado causas y en algún caso dictado sentencias contra personas sospechosas de haber cometido crímenes regulados por diversos instrumentos de derecho internacional firmados y ratificados por España.. La existencia en España de la llamada jurisdicción universal para juzgar este tipo de delitos ha permitido que la Audiencia Nacional iniciara procedimientos sobre violaciones de los derechos humanos, el genocidio, o el derecho internacional humanitario, entre otros crímenes, en contextos tan diversos como Guatemala, Chile, Argentina, Ruanda, Tibet (China) o Israel, entre otros. Y lo sorprendente es que muchos de los diputados que ahora votan por la reforma de la legislación han presumido en el pasado, e incluso se han jactado, de lo avanzado que era nuestro país en esta materia y de que servía de modelo para otras democracias. La petulancia, la osadía y el atrevimiento de mucha de la clase política española para “exportar” transiciones a la democracia y dar lecciones de justicia en el mundo serían merecedoras de otro artículo.

En cualquier caso, mientras las causas abiertas por la Audiencia Nacional afectaban a países de América Latina o África, al margen de opiniones más o menos favorables, o de las previsiones más o menos optimistas sobre sus posibilidades de futuro, nadie cuestionaba el concepto mismo de la existencia de jurisdicción universal en la justicia española, o de la conveniencia de limitarla. Pero ha bastado que se abran causas que afectan a Israel o a China y ahí, “con la Iglesia hemos topado”. Y no nos engañemos, aunque el gigante asiático expresó su malestar en el caso del Tibet, han sido las presiones del gobierno israelí, rápidamente y servilmente aceptadas por la diplomacia española, las que han acelerado un proceso de reforma legal del que nadie hablaba hace apenas unos meses. Y que, por supuesto, no se incluía en el programa electoral del Partido Socialista. Y por mucho que algunos de nuestros diputados sigan anclados en un cierto “Spain is different”, tampoco en esto hemos tenido una pizca de originalidad. El parlamento belga también modificó su ley hace algunos años y por los mismos motivos: numerosas causas presentadas en Tribunales belgas contra Ariel Sharon y otros mandatarios israelíes. El miedo a perder influencia económica, una concepción estrecha de la real politik y una interpretación mezquina de la Razón de Estado, están bastante generalizados. Como dice el comunicado firmado por las ONG y que apoya nuestro Instituto “se ha dado un claro mensaje de que España se preocupa más por no ofender a algunos Gobiernos poderosos que por poner fin a la impunidad de la que gozan los criminales”.

En unos momentos complejos para la justicia universal y con dificultades para llevar adelante la más importante de las iniciativas, la Corte Penal Internacional (CPI), resulta sorprendente la urgencia que el gobierno español ha dado a esta reforma. Incluida casi clandestinamente o de tapadillo en el debate sobre el estado de la Nación, fue una de las medidas inmediatamente pactadas entre el Gobierno y el Partido Popular y rápidamente llevada a las Cortes. La precipitación para dar trámite a la reforma revela un profundo desinterés por contribuir a poner cerco a quienes desprecian la dignidad humana. Con el texto aprobado por el Congreso de los Diputados, la esperanza de las víctimas de genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, tortura o desapariciones forzadas, enfrentará enormes dificultades y sus responsables tendrán menos motivos de preocupación.

La búsqueda de una justicia penal universal ha topado a lo largo de la historia con innumerables problemas y desde el hito que supuso el Proceso de Nuremberg hasta la creación de la CPI, ha habido numerosos altibajos. Pero en este complejo y a veces confuso proceso, la existencia en algunos países de leyes que posibilitan la jurisdicción universal ha contribuido y contribuye a la persecución de crímenes horrendos y a la lucha contra la impunidad. Y el hecho de que la justicia española se haya sumado a este proceso ha tenido una importancia enorme. Por ello, resulta especialmente criticable el que el Gobierno español, con una lectura alicorta de la Razón de Estado abandere la reforma de esta ley. Como dice el comunicado de las ONG “cuando lo que más sobra en el mundo es la impunidad, no se explica la urgencia de minar uno de los instrumentos más eficaces en la lucha contra la impunidad, mediante reformas que sólo favorecen a los perpetradores de los crímenes más atroces contra los seres humanos”.

Publicaciones relacionadas