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Obama y los asentamientos en el proceso de Paz de Oriente Próximo

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A pesar de los justificados escepticismos, los primeros gestos de la administración de Barack Obama en relación con el conflicto palestino-israelí no dejan dudas sobre su voluntad de encarar el asunto de un modo distinto al asumido por la administración precedente. Y el hecho de que la congelación de toda actividad de los asentamientos sea la primera exigencia de Estados Unidos respecto a Israel es un indicio positivo. Sin embargo, la incógnita es saber cómo conseguirá que Israel cumpla con esta exigencia y no se limite a desmantelar algunos puestos avanzados que ya habían sido evacuados con anterioridad.

La cuestión de los asentamientos es uno de los nudos gordianos del conflicto y quizás el primero a resolver antes de llegar a una negociación sobre el estatuto final. La colonización y judaización de las tierras ocupadas palestinas con la creación y expansión de los asentamientos ha sido la piedra angular de la estrategia de control israelí sobre el territorio palestino. Esta política, seguida tanto por los gobiernos israelíes de derecha como de izquierda, ha sido vinculada a la ocupación y su principal fin ha sido cambiar el equilibrio demográfico de los territorios palestinos.

Tras las conquistas territoriales logradas después de 1967, Israel empezó la colonización de los territorios ocupados por motivos tanto estratégicos como ideológicos. Israel quiso establecer una línea de defensa a lo largo del río Jordán (Plan Allon). En los alrededores de Jerusalén la expansión de los asentamientos tenía como objetivo hacer irreversible la reunificación de la vieja ciudad santa. A pesar del proceso de paz iniciado en Madrid (Oct-91), los sucesivos gobiernos de Israel no han frenado su política de colonización: entre 1993 y 2000 el número de colonos aumentó en un 57%, (de 248.000 a 390.000) con el fin de perpetuar el hecho demográfico.

Aunque los compromisos adquiridos en el marco de Oslo requerían no sólo la congelación de la expansión de las colonias sino también el completo desmantelamiento de las colonias construidas después de 2001, la política israelí respecto a los asentamientos no ha sufrido cambios tangibles. Existen actualmente 179 colonias que representan una población de 400.000 colonos: 200.000 en Jerusalén Este y más de 190.000 en Cisjordania. De acuerdo con diversas estimaciones la mitad de los colonos lo son por razones económicas (ventajas fiscales y económicas), mientras que el núcleo duro de los colonos (los que obedecen a motivos religiosos) se estima en 50.000.

El proceso de colonización ha ido acompañado por una explotación intensiva de los recursos naturales, y particularmente los recursos hídricos, así como de una progresiva fragmentación del territorio ocupado para garantizar la seguridad de los colonos, lo que incluye una red de carreteras paralelas que fragmenta aún más la geografía palestina. Se estima que el gasto de los asentamientos para el gobierno israelí alcanza anualmente los 500 millones de dólares, sin contar los gastos militares y de seguridad.

Todas las colonias son consideradas como ilegales por la comunidad internacional, tomando como base el artículo 49 de la Convención de Ginebra que prohíbe a las fuerzas ocupantes tomar medidas que prejuzguen la solución del contencioso que plantea la propia ocupación y establecer parte de su población en los territorios ocupados. En abril de 2004 la Comisión de Derechos Humanos de la ONU pidió a Israel que cesaran sus actividades de colonización.

La congelación de las actividades de los asentamientos forma parte de las condiciones establecidas en la primera fase de la “Hoja de ruta”. Sin embargo, Israel no ha cumplido este compromiso. Uno de los argumentos ya clásicos que plantea el gobierno israelí para justificar su inacción es el que hace referencia a las resistencias internas que presentan los movimientos de colonos más radicales, lo que podría derivar en una generalizada explosión de violencia si se decidiera su total desmantelamiento. Lograr imponer esta visión supondría aislar el lobby de los colonos, una difícil empresa ya que tras 40 años de colonización este grupo de presión (minoritario, pero muy poderoso en términos electorales) ha conseguido ejercer una influencia determinante en diferentes sectores de la administración y fuerzas de seguridad. Su capacidad de influencia sobre el ejército israelí es demostrada a diario por la desprotección de los palestinos frente a las exacciones y abusos de los colonos. Este grupo ha sido comparado por Henry Siegman  a las milicias ortodoxas serbias de Karadzic.

Al mismo tiempo, los dirigentes israelíes son cada vez más conscientes de que el mantenimiento de la política de colonización es insostenible para Israel a medio largo plazo. Así lo expresaba Ehud Olmert tras la cumbre de Anápolis, al sugerir que si colapsaba la solución de dos Estados (y los asentamientos son vistos como un obstáculo decisivo para la viabilidad de esa propuesta) sería el fin del Estado de Israel. La continua expansión de los asentamientos y la ocupación es insostenible también porque amenaza el carácter judío y democrático del Estado de Israel. En todo caso, aunque algunos dirigentes israelíes hayan tomado conciencia del problema no está claro que estén dispuestos o sean capaces de asumir los costes políticos que supondría su desmantelamiento.

La dificultad de resolver el problema radica en el hecho de que atañe a la cuestión territorial y a la delimitación fronteriza entre los dos Estados. Las cuestiones territoriales son vitales y determinantes y de su tratamiento justo y equitativo depende el éxito o fracaso de cualquier iniciativa de paz. Las pretensiones de la parte israelí de anexionar, mediante intercambios de territorio, la mayor parte posible de las colonias supondráin, por parte palestina, concesiones inaceptables en la medida en que amenazan la contigüidad territorial necesaria para la viabilidad del futuro Estado palestino.

Sobre la cuestión de los asentamientos las líneas rojas de Israel han sido claramente establecidas en 1997 en el documento Beilin-Eitan, un pacto de consenso entre el Likud y el partido laborista que acuerda que “la mayoría de los colonos y las concentraciones de población quedarán bajo soberanía israelí”. En este documento, uno de los tres principios enunciados establece que ningún acuerdo firmado por el gobierno israelí puede incluir el compromiso de desmantelar los asentamientos judíos de las “tierras occidentales de Israel”. Ningún acuerdo puede comprometer el derecho de los residentes a conservar su ciudadanía israelí y sus vínculos individuales y comunales con el Estado de Israel.

De momento, frente a las presiones de Estados Unidos, la estrategia del gobierno de Netanyahu es ganar tiempo y distraer la atención con el desmantelamiento de puestos avanzados sin importancia vital (a los que Israel llega a calificar como ilegales, en la medida en que no tienen permisos administrativos del gobierno; como si los demás, por tanto, tuvieran que ser considerados como legales). Cabe confiar, no obstante, que esta vez no será suficiente frente a las exigencias de Estados Unidos: el fin de la colonización, ninguna colonia, ningún puesto avanzado, ninguna excepción vinculada al crecimiento natural de las colonias. Para Estados Unidos se trata, como mínimo, de un paso esencial para ganar la confianza de los países árabes y restaurar la credibilidad perdida en el mundo árabe durante los dos mandatos de Bush.

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