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El olvido de las instituciones, de los donantes y de los medios de comunicación ha convertido el Sahara Occidental en un desierto informativo sin precedentes, aislado por un muro militar de más de 2.400 kilómetros y más de 10 millones de minas antipersona. Sólo en contadas ocasiones una agenda mediática sometida a las prioridades de los grandes grupos de comunicación y a los criterios del espectáculo fija su aletargado punto de mira en la población saharaui.

Y así sucedió el pasado 10 de abril. Una mina disolvió una protesta pacífica internacional de 2.000 civiles frente al muro militar que cerca el Sahara Occidental, dentro de la zona de separación que marcó la ONU en el Plan de Paz de 1991. Marruecos impide el desminado de la zona y no existe ningún tipo de señalización. Sin embargo, una extraña eclosión de indignación colectiva, temeridad y desconocimiento hizo que la marea humana sorteara a los voluntarios saharauis que instaban a guardar la distancia de seguridad. La tierra saharaui estaba demasiado cerca, al otro lado del muro, casi podía tocarse... Y entonces ocurrió. Una explosión ahogada bajo tierra hizo volar por los aires el sueño de la Marcha Blanca y con ella a cinco jóvenes saharauis. Brahim, de 19 años y ya sin una pierna, miraba a su alrededor con unos ojos llorosos llenos de miedo y de sorpresa que martillearon el corazón de los 2.000 manifestantes. La mina que pisó Brahim recordó de la forma más cruel a la comunidad internacional que Marruecos sigue manteniendo minas que aíslan el Sahara ocupado, negándose a firmar el convenio de Ottawa y violando el derecho internacional. El problema de las minas en el Sahara se había calibrado mal desde el principio y la ONU lo minusvaloró en 1991.

El artefacto que mutiló a Brahim también sacó del olvido que los pastores nómadas saharauis conviven con el peligro de masas de minas y bombas racimo (cerca de un millón) que pueden explosionar al pie de un árbol o junto a un manantial de agua. En 2008 hubo 18 víctimas y en los cuatro primeros meses de 2009 ya se superan las 15, a pesar de que la densidad de población en los territorios del Sahara Occidental bajo el control del Frente Polisario es muy reducida precisamente por el riesgo que supone vivir en este sorprendente desierto.

Incluso aunque mañana se firmara el retorno de la población saharaui, se necesitaría multiplicar por 10 el presupuesto anual de 1,2 millones de euros que ahora se invierte para poder desminar la zona en un horizonte no inferior a 10 años, tal vez dos décadas, siendo ciertamente optimistas. El coste de instalar cada una de estas minas no alcanza los 10 dólares. Desactivarla cuesta más de 1.000.
En este incierto contexto la Marcha Blanca puso de relieve la frustración y la rabia contenida de unos jóvenes saharauis que, animados por la presencia de internacionales, no temían acercarse al muro y retar con rabia e impotencia a los soldados marroquíes. Son los mismos jóvenes que claman cada día más por el retorno a la lucha armada, sea por agotamiento o porque no conocieron los sufrimientos de la guerra y por eso no la temen.

El cansancio del exilio y las violaciones de derechos humanos de los saharauis- recogidas este año por primera vez en un informe del Parlamento Europeo- acrecientan la corriente de un río imparable que finalmente encontrará una salida, aunque nadie sea capaz de predecir en qué dirección y con qué consecuencias. Mientras tanto, el nuevo mandato de la Misión de las Naciones Unidas para los Refugiados del Sahara Occidental (MINURSO), renovado hasta el 30 de abril de 2010, sigue sin destinar personal de la ONU para vigilar el respeto de los derechos humanos.

Tras 34 años de exilio, crisis alimentaria, restricciones de agua, desnutrición, carencia de recursos sanitarios y educativos, fuga de profesionales cualificados, desempleo, violaciones del derecho internacional y un agotamiento crónico es bien visible que los saharauis están a punto de agotar su eterna paciencia. Muchas son las variables que exigen una intervención decidida para abordar la situación humanitaria de los más de 158.000 refugiados que subsisten en los campamentos de Tinduf (suroeste de Argelia), en uno de los desiertos más inhóspitos de la faz de la tierra, y de la población saharaui que vive separada de sus familias en los territorios ocupados. Estos últimos pueden ser decenas de miles, quizá cientos de miles, pero ningún organismo oficial es capaz de dar una cifra exacta. Es el denominador común en la cuestión del Sahara.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) siguen tratando a la población saharaui con los estándares de alimentación mínimos fijados para un refugiado de guerra en una situación de emergencia y limitada en el tiempo: 17 kilos de comida por persona al mes (2.000 kilocalorías diarias), y entre 15 y 20 litros de agua- la mayor parte de ella no potable- por persona y día. Es la ración mínima para sobrevivir durante un periodo corto de tiempo, durante semanas, tal vez meses, pero no 34 años.

Por si este problema fuera menor, ACNUR y PMA mantienen desde 2006 la decisión de rebajar su aportación de 158.000 a 125.000 raciones. El stock alimentario de emergencia se encuentra ya a cero y la Media Luna Roja advierte que a partir de julio ni siquiera podrá cumplir el reparto de una canasta básica ya de por sí insuficiente. Durante 2008 la llegada de ayuda humanitaria cayó un 27%. Ante esta falta de reservas, cualquier desastre natural imprevisto podría tener consecuencias dramáticas.

Y no sólo es una cuestión de cantidad, sino de calidad. Los alimentos distribuidos no cubren los aportes vitamínicos básicos, la anemia crónica entre las mujeres llega al 66%- el 76% en las embarazadas- y una desnutrición silenciosa se extiende en los campamentos, con especial incidencia en la infancia. Por primera vez, en 2008 las necesidades de salud superaron a las alimenticias, como señal clara de la dura factura que están pagando los saharauis. Hoy, el déficit de tiendas de campaña (jaimas) es de 14.000 y, lejos de mejorar, el promedio crece a razón de 3.000 por año.

La Media Luna Roja Saharaui tiene la convicción de que el silencio informativo y la ayuda humanitaria se están utilizando en los despachos internacionales como un arma de desgaste a la población saharaui, al tiempo que sostiene que un 30% de los 50 millones de euros que aporta cada año el PMA se pierden en gastos administrativos e indirectos. De forma paralela, el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, renueva su llamamiento a los donantes ante una peligrosa falta de recursos para la MINURSO.

Sin embargo, los equilibrios de poder de la diplomacia internacional siguen relegando al olvido un conflicto marcado por el interés geoestratégico, el miedo de Europa y de España a que Marruecos abra las puertas de la inmigración y los negocios que supone la explotación ilegal de recursos naturales saharauis como fosfatos, arenas, pesca y prospecciones petrolíferas.

La desesperanza deja pocos resquicios de luz, pero aún así existen. El último informe del Secretario General de Naciones Unidas sigue apostando, cuanto menos en el papel, por la defensa del derecho de libre determinación del pueblo saharaui en una quinta ronda de negociaciones. Y lo cierto es que en los últimos dos años la ONU se ha esforzado para incorporar a la cuestión del Sahara a funcionarios del más alto nivel.

Mientras tanto, en la hamada, apenas unos minutos después de que la explosión arrebatara su pierna a Brahim, la sonrisa de un pastor nómada abría ese resquicio de luz y explicaba sin palabras que 10 millones de minas pueden impedir el paso por tierra a 2.000 personas desarmadas, pero, en el desierto, entre vasos de te y arena, la libertad y los sueños del pueblo saharaui todavía saben volar.

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