R.D. Congo: el incierto futuro de los Kivus tras la salida de las tropas ruandesas

Transcurrido más de un mes desde la salida de las tropas ruandesas de la República Democrática de Congo (RDC), la dura realidad de la población civil congolesa dista mucho de haber mejorado en gran parte del territorio de Kivu Norte y Sur. Como se recordará, un extraordinario vuelco diplomático en las relaciones Ruanda – RDC acontecido en enero se traducía en la captura de Laurent Nkunda y en una operación conjunta entre las Fuerzas Armadas de la RDC (FARDC) y el ejército de Ruanda (conocida como Umoja Wetu, “nuestra unidad”), para acabar con la presencia de las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR) en territorio congolés. Muchas eran las expectativas creadas: nada menos que la eliminación física del FDLR en el plazo récord de un mes y la extradición de Laurent Nkunda a la RDC. Los riesgos de la operación también eran notables: a tenor del pasado reciente, la no salida de las fuerzas ruandesas en el plazo previsto se antojaba una posibilidad real.

Seis semanas después, la realidad se ha encargado de enfriar el optimismo pasajero y devolvernos al escenario de inestabilidad crónica e impunidad propio de la región. Tras la salida de las tropas ruandesas, la inseguridad continúa reinando en gran parte del territorio. El pasado 7 de abril, Oxfam afirmaba que la situación a día de hoy en los Kivus es tan mala como en 2008. No faltan motivos para ello: Human Rights Watch afirmaba recientemente que las fuerzas armadas de Ruanda y sus aliados violaron al menos a noventa mujeres desde enero, además de estar implicadas en las muertes de al menos ciento ochenta civiles.

Los ataques a las agencias humanitarias en Kivu Norte aumentan: cinco incidentes en enero, trece en febrero y dieciséis en marzo. Tal y como informa OCHA, los cinco incidentes registrados sólo en abril (dos robos a mano armada y tres emboscadas) confirman la tendencia. Y debido al impago de los sueldos, el saqueo de las FARDC a la población civil no cesa de aumentar: desde hace varios meses el pillaje en la región de Grand Nord es sistemático. Ante esta situación, el máximo responsable de la Misión de Naciones Unidas en la RDC (MONUC), Alan Doss, afirmaba el pasado 10 de abril ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que las esperanzas de paz en los Kivus se enfrentan aún a dificultades “considerables”.

A día de hoy, la realidad sobre el terreno muestra que la operación conjunta FARDC- ejército de Ruanda no logró sus objetivos. Las tropas ruandesas abandonaron Goma el 27 de febrero. Si bien la embajada estadounidense en Kinshasa consideró la operación un “éxito real”, los resultados declarados por el general congolés al mando de la ofensiva, John Numbi, hablaban por sí solos. Ochenta y nueve bajas y ciento cuarenta rendiciones en el seno del FDLR parecían un escaso botín para un grupo armado cuyo número se estima en al menos cuatro mil hombres. Hoy resulta claro que, lejos de ser desmanteladas, las fuerzas del FDLR se escondieron en la selva para regresar una vez que el ejército ruandés había abandonado el territorio. Hace unos días, en localidades como Kitwabaluzi, en Mwenga (Kivu Sur), el FDLR enviaba una carta a la población invitándola a abandonar el pueblo para evitar futuros combates con las FARDC.

Es interesante señalar que tan sólo una semana después de la retirada de las tropas ruandesas de Kivu Norte, la empresa norteamericana Contour Global anunciaba una inversión de 325 millones de dólares en Ruanda (la mayor de la historia de este país) para extraer el gas del lago Kivu y producir electricidad. Resulta inevitable pensar que la administración norteamericana ha utilizado la política del palo y la zanahoria para con el régimen de Paul Kagame.

Mientras los avances diplomáticos entre Ruanda y la RDC continúan (Ruanda reabrirá su embajada en Kinshasa de aquí a tres meses), cada vez resulta mayor el foso entre los avances a nivel macro y la realidad de la población civil. Las masivas violaciones de derechos humanos de que son víctimas diariamente los habitantes de Kivu Norte y Sur dejan claro que dos cuestiones clave para el fin de la violencia- la completa reforma del ejército y la policía congolesas, y la cuestión del FDLR- continúan muy lejos de solucionarse. La primera deja patente que el principal problema que aqueja a la RDC en el este del país es el desgobierno y la incapacidad para mantener el monopolio de la violencia. La segunda merece una pequeña reflexión.

Desde que la ofensiva diplomática de los Estados Unidos y el Reino Unido propiciara el acercamiento entre la RDC y Ruanda, el único discurso con respecto al FDLR ha sido el del abandono inmediato de las armas y la completa derrota militar. Nadie osa hablar de la posibilidad de una negociación, por limitada que sea, con este grupo. Esto resulta sorprendente si tenemos en cuenta que el país al que los integrantes del FDLR aspiran a volver adolece de un extraordinario déficit democrático.

El pasado 19 de marzo, la experta norteamericana Ruth Wedgwood afirmaba ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas que, a día de hoy, formar un partido político en Ruanda parece virtualmente imposible. Wedgwood hizo una reflexión interesante: recordó que las facciones hutu responsables del genocidio habían sido capaces de fomentar la masacre precisamente porque habían alimentado el miedo de que la población hutu sería oprimida y marginada. Lamentablemente, y con independencia de su indudable desarrollo económico, ese temido escenario se asemeja a la realidad actual de Ruanda, según muchos expertos. Filip Reyntjens, catedrático de la universidad de Amberes y uno de los mayores expertos en la región de los Grandes Lagos, afirmaba recientemente que no sólo las últimas elecciones locales ruandesas fueron manipuladas, sino incluso el informe mismo de los observadores electorales de la UE, que las consideró como válidas. Dado este déficit democrático, organizaciones como el European Network for Central Africa (EURAC), han abogado por una negociación política con el FDLR. Sin embargo, la cuestión continúa siendo tabú.

Por lo que respecta al Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo (CNDP), los acuerdos entre este grupo armado y el gobierno congolés hechos públicos recientemente reconocen al CNDP como partido político, además de conceder la amnistía a sus integrantes (recordemos que el líder del CNDP, Bosco Ntaganda, se halla buscado por la Corte Penal Internacional bajo la acusación de crímenes contra la humanidad). Queda así patente una vez más que la impunidad es el precio que hay que pagar por la paz en esta región. Resulta también inquietante que los acuerdos firmados hablen de retorno (voluntario, eso sí) de los desplazados en un mes, precisamente cuando el FDLR regresa a sus áreas de influencia. A esto hay que añadir que la presencia de elementos incontrolados del CNDP en los territorios antiguamente bajo su control ha supuesto un importante aumento de la inseguridad. Por todo ello, buena parte de los desplazados que viven en Goma se muestran aún muy prudentes respecto a un posible retorno, particularmente a Masisi (si bien en algunas áreas como Sake y parte de Rutshuru la situación parece permitir el retorno). El otrora líder del CNDP, Laurent Nkunda, continúa en un estatus similar al arresto domiciliario en Ruanda y su extradición a la RDC permanece en punto muerto.

Así las cosas, mientras las FARDC preparan nuevas operaciones contra el FDLR, buena parte del territorio permanece sumido en el ya habitual estadio intermedio entre la guerra y la paz (neither-peace-nor-war). Si bien las necesidades de protección de la población civil continúan siendo urgentes, la fuerza de “cascos azules” sigue siendo insuficiente y los 3.000 efectivos adicionales aprobados hace ya cuatro meses por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas continúan sin llegar. A corto plazo, la presumible incapacidad de las FARDC para acabar militarmente con el FDLR podría preparar el escenario para una segunda parte de la operación Umoja Wetu. El futuro dirá si esta operación ha sido una acción aislada o un globo sonda, la antesala de un principio de consolidación (o no) de una presencia ruandesa en el territorio.