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La totalmente inesperada detención de Laurent Nkunda por las Fuerzas Armadas de Ruanda (FAR), el pasado 23 de enero, y el aún más sorprendente placet del presidente de la República Democrática de Congo (RDC), Joseph Kabila, a la entrada de entre cinco mil y siete mil soldados ruandeses en suelo congolés han supuesto un terremoto político en la región de los Grandes Lagos. La fuerza de los hechos ha echado por tierra muchos análisis previos, y no son pocos los expertos que muestran abiertamente su estupefacción ante algo impensable hace escasas fechas. Hace cinco meses, el presidente de Rwanda, Paul Kagame, utilizaba palabras gruesas en la prensa belga para referirse a Joseph Kabila, al que declaraba poco menos que un incapaz. Hoy, Rwanda y la RDC han pasado de ser enemigos declarados a colaborar militarmente para acabar con lo que queda de las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Rwanda (FDLR), compuestas en gran parte por responsables del genocidio de 1994.

Es preciso echar la vista atrás para comprender la dimensión de lo ocurrido. Desde el inicio de la segunda guerra del Congo (1997-2003), el apoyo de Rwanda a grupos armados de extracción tutsi en los Kivus (primero el RCD-Goma, posteriormente el Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo, CNDP) ha sido una constante. Aunque Paul Kagame siempre ha negado el apoyo financiero y militar de Rwanda a estos grupos, se trata de un secreto a voces en la región. Ante la imposibilidad de operar abiertamente en suelo congolés, el respaldo a estos grupos ha permitido a Rwanda controlar las provincias de Kivu Norte y Kivu Sur durante años. Frente a la presión internacional, Kagame siempre ha podido argüir que su injerencia en territorio congolés es una cuestión de seguridad nacional (luchar contra el FDLR), presentándose como víctima del genocidio. La culpabilidad por la inacción internacional en el genocidio de 1994 y la impresión de fiabilidad del régimen de Kagame (especialmente en la lucha contra la corrupción, una rara virtud en el África subsahariana) han hecho tradicionalmente el resto.

El interés de Kagame (y de aquellos países que lo apoyan) por controlar los Kivus es fundamentalmente económico. El mismo ha manifestado que grupos como el FDLR ya no constituyen una amenaza militar real para Rwanda, un país por otra parte de pequeñas dimensiones, aquejado de un gravísimo problema de superpoblación, sin salida al mar y de escasa riqueza minera. Su vecino del oeste, por el contrario, posee precisamente aquello de lo que Rwanda más carece: amplias llanuras, tierras inmensamente fértiles (como la región volcánica de Rutshuru) y, sobre todo, una extraordinaria riqueza mineral. Estamos hablando, por tanto, de Lebensraum o espacio vital. Por estas y otras razones, Rwanda (sea explícitamente las FAR y el RCD-Goma, sea a través del CNDP) controla la explotación y venta de buena parte de estas riquezas desde 2003.

El apoyo rwandés al CNDP de Laurent Nkunda solo puede entenderse desde esta óptica. Una vez desaparecido el RCD-Goma tras las elecciones en la RDC, Nkunda continuó siendo el hombre fuerte de Ruanda en los Kivus a través del CNDP. Su negativa a desmovilizarse (bloqueo incluido a toda negociación en Nairobi) y su control de amplias extensiones del territorio de Kivu Norte no eran más que el reflejo de una tupida red de intereses con un fin común: que el Estado congolés no recuperara el control del territorio y que el flujo del mineral hacia Ruanda continuara. El hecho de que la RDC contara con un presidente elegido democráticamente desde hacía ya dos años parecía no importar demasiado.

Ante esta situación, el laissez faire de los principales valedores del régimen de Kagame (el Reino Unido y EE UU) no podía ser eterno. Las declaraciones del general Nkunda, exigiendo al Estado congolés que revisara los contratos de empresas chinas en Kivu Norte, ya habían dejado entrever que su lucha no respondía solo a intereses étnicos. Sin embargo, fue la ofensiva del CNDP contra las Fuerzas Armadas de la RDC (FARDC), el pasado 29 de octubre, la que hizo que la situación se tornara insostenible. Una vez más, cientos de miles de desplazados huyeron de los combates y del CNDP, y poco después más de 150 personas eran asesinadas por el CNDP en la localidad de Kiwanja, ante la completa inacción de un contingente de “cascos azules” de Naciones Unidas. La historia parecía repetirse: una crisis humanitaria de grandes dimensiones se gestaba y la comunidad internacional se mostraba dividida por su pasado en la región e incapaz de detener al CNDP, que exhibía su capacidad militar. Los “cascos azules”- tal y como interpretó correctamente su jefe1- no estaban preparados para hacerles frente, por lo que múltiples organizaciones humanitarias y la sociedad civil congolesa alzaron su voz en un grito común que pedía una misión de paz de la UE como única alternativa de protección para la población civil. Pero, aparentemente, nada ocurría. Los acontecimientos posteriores permiten deducir hoy que la presión diplomática durante esas semanas fue al más alto nivel y en ella cabe identificar el motor que nos ha conducido al nuevo escenario del 23 de enero.

La publicación el pasado 12 de diciembre de un informe de expertos de Naciones Unidas- dirigido por Jason Stearns- sobre la guerra de Kivu Norte, fue un paso en esta dirección. En él se mostraban evidencias de la complicidad del régimen ruandés en el reclutamiento de soldados (incluyendo niños), el suministro de material militar al CNDP y el envío de sus propias tropas a la RDC para apoyar a las fuerzas de Laurent Nkunda. El informe también probaba que, al menos, tres altos mandos del ejército congolés proporcionaban apoyo al FDLR.

El texto en sí mismo no aporta grandes revelaciones, pero su importancia estriba en el hecho de que otorgaba un carácter “oficial” a algo que todo el mundo sabía (poco después, el New York Times afirmaba que soldados ruandeses heridos en los Kivus eran asistidos en un hospital militar en Kigali). Es probable que algunas de sus afirmaciones- como la implicación en el saqueo de mineral congolés por parte de Tribert Rujugiro, un hombre de negocios ruandés cercano a Paul Kagame)- fueran la gota que colmó el vaso de la paciencia de las administraciones británica y estadounidense, ya fuertemente sometidas al escrutinio de distintas ONG y de su propia opinión pública. Tras su publicación, Holanda y Suecia anunciaron que congelaban la ayuda financiera a Ruanda por su apoyo al CNDP. Ante esta situación, es probable que el régimen de Kagame captara el mensaje de que su crédito se agotaba, y de ahí que los contactos entre la RDC y Ruanda comenzaran a sucederse. El encuentro en Goma entre los ministros de Asuntos Exteriores ruandés y congolés, el 4 de diciembre, fue un primer paso. La visita a Kinshasa de James Kavarebe- jefe del Estado Mayor ruandés y brazo derecho de Kagame- un mes después, que levantó un gran rechazo en la capital de la RDC, puede verse a día de hoy como el verdadero punto de partida de este nuevo escenario.

Unos días más tarde, el 23 de enero, el hasta entonces segundo hombre fuerte del CNDP, Bosco Ntaganda, anunciaba el fin de las hostilidades y la disolución inmediata del grupo armado. Escoltado por numerosos oficiales del CNDP, Ntaganda (buscado por la Corte Penal Internacional) demostraba tener el control del CNDP en detrimento de su líder histórico, Laurent Nkunda. De modo similar, el líder de la milicia hutu congolesa PARECO anunciaba asimismo el fin de la violencia. Más significativo aún es que el Ministro del Interior congolés y James Kabarebe flanqueaban a ambos cabecillas. Esa misma tarde, las imágenes del acuerdo en el noticiario vespertino de Kinshasa sorprendían a todo el país. Pocos días después, Laurent Nkunda era detenido y siete mil soldados ruandeses entraban en Kivu Norte para iniciar una operación conjunta FARDC-CNDP-FAR contra el FDLR. La operación se sucede todavía a día de hoy.

Ciertas informaciones afirman que Nkunda cayó en desgracia para el régimen de Kigali porque estaba fuera de control. Es difícil saberlo, como es difícil saber si los acuerdos entre Kigali y Kinshasa se limitan a lo visto hasta ahora: la cabeza de Laurent Nkunda y el fin del CNDP a cambio del permiso para entrar en el Congo y acabar con el FDLR. Las cosas parecen mucho más complicadas. Muchas personas se preguntan si no se habrán sentado las bases de un gran acuerdo entre la RDC y Ruanda, para poner fin a la guerra a cambio de tolerar algún tipo de presencia ruandesa en el país (tal como apuntan el antiguo Secretario de Estado norteamericano en el gobierno Clinton, Herman J. Cohen, y el presidente francés Nikolas Sarkozy).

Por lo que respecta a Joseph Kabila, el presidente de la RDC se encuentra en una posición de debilidad y riesgo. Con este acuerdo, profundamente impopular en todo el país, Kabila parece jugarse su futuro político a una sola carta. La incursión ruandesa debe finalizar en el mes de febrero. De no ser así, su crédito político se agota y la amenaza de sufrir un golpe de Estado no es desdeñable. Irónicamente, su destino político está en manos de Paul Kagame.

Mientras tanto, la operación militar continúa en Masisi (Kivu Norte), y las informaciones al respecto son muy escasas. Las organizaciones humanitarias temen las consecuencias de esta operación, dada la dificultad para localizar a los militantes del FDLR (que se han mezclado con la población civil durante los últimos quince años). El pasado viernes, Human Rights Watch denunciaba que el FDLR ha masacrado a más de cien civiles en los últimos días, en su mayoría personas que se negaron a ser escudos humanos e intentaron huir.

Ahora más que nunca, el futuro a corto plazo en la región de los Grandes Lagos es una incógnita.

[1] El General español Vicente Díaz de Villegas ostentó el mando de la Misión de las Naciones Unidas para el Congo (MONUC) del 4 al 25 de octubre pasado, fecha en la que dimitió al entender la imposibilidad de cumplir su misión.

 

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