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SUD

 

 

Alto el fuego en Sudán del Sur: Palabras de paz entre el ruido de sables

 

 

La firma en septiembre de 2018 de un nuevo tratado de paz para intentar poner fin a la guerra civil en Sudán del Sur (R-ARCSS por sus siglas en inglés: Revitalised Agreement for the Resolution of the Conflict in South Sudan) supuso una oleada de esperanza para el país más joven del mundo. Tras cinco años de guerra civil, el líder del principal grupo de la oposición (SPLA-IO) Riek Machar, es investido de nuevo vicepresidente, llegando a visitar Juba, la capital del país, algo impensable tan solo unos meses atrás, mientras que los líderes de todas las facciones incluidas en el tratado de paz (que no son todas las existentes en el país) han recorrido el país celebrando mítines y reuniones hablando de paz y reconciliación nacional. UNMISS (la misión de Naciones Unidas en Sudán del Sur) y las agencias humanitarias de la ONU se volcaron en apoyo de este acuerdo, junto con una plétora de actores regionales e internacionales, muchos de los cuales han estado implicados de una manera u otra en su negociación.

Un año después, la falta de progreso en casi todos los aspectos de la aplicación del alto el fuego, incluyendo la necesidad de prorrogar dos veces los plazos establecidos en el acuerdo, han erosionado el entusiasmo inicial de muchos. El mensaje del gobierno de Sudán del Sur insiste en esta línea optimista, apoyándose en múltiples informes tanto propios como de UNMISS para defender que, de hecho, la situación ha mejorado. Sin embargo, observaciones sobre el terreno de fuentes de la sociedad civil, diplomáticas y humanitarias sugieren algo distinto, hasta el punto de que el Consejo de Seguridad de la ONU ha expresado su preocupación (con la excepción de Rusia).

La falta de progreso puede explicarse por muchas razones. La primera es que el tratado de paz tiene gravísimos problemas en su diseño, siendo algunos: estructura de gobierno hipertrofiada e impráctica, total ausencia de mecanismos de supervisión, sobrerrepresentación de una de las partes mientras que otras quedan fuera o han sido absorbidas por grupos mayoritarios pero diferentes, plan de desmovilización que incentiva el reclutamiento de más soldados, casi total dependencia de una buena voluntad de las partes que rara vez se ha visto, dependencia de recursos externos para su viabilidad a largo plazo, falta de medidas concretas de confianza, débil plan de reconciliación nacional…. De estos defectos, y de la historia reciente del país, se derivan una serie de problemas sobre el terreno que, a su vez, alimentan la espiral de violencia y desconfianza que erosiona cualquier perspectiva de paz.

Uno de los argumentos esgrimidos por los defensores del actual tratado de paz es la drástica reducción de los índices de violencia armada, lo cual es verdad sólo en parte. Es cierto que la violencia organizada (entendida como violencia causada por grupos armados organizados y con adscripción política definida) se ha reducido, puesto que las dos facciones más importantes en guerra, SPLA-IG (de mayoría dinka y en el gobierno) y SPLA-IO (de mayoría nuer y principal grupo de la oposición) han dejado temporalmente de combatir. Sin embargo, desde la firma del tratado se han registrado importantes combates con otras facciones. Por poner dos ejemplos: en Bahr-el-Ghazal, al noroeste del país, fuerzas del gobierno emprendieron una brutal campaña dentro del territorio de las tribus fertit oriundas de la zona, que comenzó precisamente cuando se firmó el preacuerdo de paz previo al R-ARCSS, en junio de 2018, y sólo terminó en diciembre de 2018, tres meses después de la entrada en vigor del tratado, cuando los fertit accedieron a entrar en el seno del SPLA-IO. Esta campaña se caracterizó por ataques sistemáticos contra civiles, infraestructuras y poblaciones en zona fertit, causando miles de bajas tanto civiles como militares y decenas de miles de desplazados; actualmente el Programa Mundial de Alimentos atiende a 30.000 personas sólo en dos condados de la zona, además de una población desplazada de cerca de 25.000 más en la vecina ciudad de Wau. Si bien los combates entre fuerzas del gobierno y milicias fertit de Bahr-el-Ghazal cesaron, en los tres estados de la región de Equatoria (en particular central y occidental), los combates entre fuerzas del gobierno y el NAS, una facción dejada de lado en el tratado de paz, se han intensificado con el paso de los meses. En las últimas semanas se han cobrado la vida de varios trabajadores humanitarios y la lucha no da señales de terminar.

Igual de preocupante es la denominada violencia intercomunal, entre lo que se consideran civiles armados o grupos informales. Independientemente del conflicto político entre facciones en pugna por el poder, la violencia entre tribus y clanes es un fenómeno común en Sudán del Sur. Esta creciente violencia a menudo se presenta como una espiral de venganza producida por roces entre ganaderos y agricultores, o bien entre clanes de grupos vecinos, exacerbados por la proliferación de armas, ciertas costumbres (como el robo de ganado como ritual de pasaje a la edad adulta), la escasez de recursos y la ausencia (o en ocasiones connivencia) de autoridades capaces de mantener el orden.

Sin embargo, cualquiera que haya seguido de cerca el conflicto de Sudán del Sur puede afirmar que dicha violencia intercomunal y aparentemente informal no es completamente independiente del conflicto político. No en vano, los diferentes grupos en guerra civil están organizados mayoritariamente a lo largo de líneas tribales, siendo los nuer y dinka no sólo los dos grupos principales en el poder, sino las dos tribus mayoritarias del país. Es un patrón constante el incremento de esta violencia intercomunal en los momentos de alto el fuego, desde incluso antes de la independencia del país, y en muchos casos tiene lugar precisamente en las áreas en las que dos grupos antes enfrentados siguen en contacto.

Cuando esta supuesta violencia informal tiene lugar es común que los líderes políticos se desentiendan o minimicen los hechos, achacándolos a civiles descontrolados o rivalidades entre pastores y granjeros y desentendiéndose de toda responsabilidad. La manida tesis de la sempiterna tensión entre ganaderos y pastores es utilizada como excusa tanto por observadores externos como por políticos sin escrúpulos, pero lo cierto es que no se sostiene: por ejemplo, la tribu de los falata trashuma cada año con sus rebaños, los terceros más grandes del país, sin que se produzcan choques de importancia entre ellos y el resto de las tribus cuyo territorio es atravesado; mientras que con otras tribus más implicadas en el conflicto civil no es sorprendente encontrar incidentes armados cada vez que se adentran en territorios de otros grupos.

Yendo más allá, la realidad es que muchas veces (Bahr-el-Ghazal, Equatorias, Lakes) los grandes rebaños resultan ser propiedad de políticos o militares de alto rango con intereses locales. Las fuerzas de seguridad, lejos de ser imparciales, ignoran o incluso intervienen a favor de uno de los lados. Llama la atención comprobar cómo hay años en los que las fuerzas de seguridad son capaces de evitar escaladas de violencia mientras que otros años las autoridades dicen verse impotentes para controlar las mismas poblaciones. Muchos de los jóvenes armados que participan en esa violencia aparentemente incontrolada manejan armamento más pesado del que los pastores necesitan, incluyendo lanzagranadas RPGs o ametralladoras de gran calibre, y coincide que dichos grupos proliferan cuando las tropas se retiran debido a un alto el fuego. Son movilizados en el corazón de zonas controladas por las distintas facciones y enviados a zonas que se pretenden desestabilizar, presentándolo como un movimiento espontáneo de población o una migración de ganado, de modo que los líderes políticos pueden lavarse las manos sobre el asunto. En 2019 esto sigue ocurriendo, como es el caso de los ataques sobre civiles en el río Jur, cerca de la ciudad de Wau, a manos de lo que inicialmente parecían pastores de las vecinas regiones dinka. Sin embargo, hay muchas indicaciones de que dichos ataques, que han provocado más de 3.000 desplazados y docenas de muertos, no fueron fruto de un choque entre comunidades: lo sostenido de los ataques, la crueldad empleada contra civiles, la cantidad de grupos implicados, el armamento empleado, las zonas atacadas, la inacción del gobierno y su posterior esfuerzo por disimular lo sucedido, apuntan a un esfuerzo organizado y sostenido.

Esos hombres jóvenes que alimentan la violencia no uniformada son, en muchas ocasiones, los mismos que cuando no hay acuerdos de paz vigentes, combaten en uniforme. A pesar de que el R-ARCSS tiene provisiones para desmovilizar combatientes e integrarlos en un único ejército nacional, el progreso en este aspecto crítico del tratado de paz tiende a nulo. Para empezar, tanto el plan de desmovilización como el de reparto de poder incentivan el reclutamiento en lugar del licenciamiento de tropas, puesto que asignan poder político y recursos económicos de manera directamente proporcional a las fuerzas declaradas por cada parte. Esto ha llegado a generar un efecto llamada, en el que refugiados que están en países vecinos han retornado a sus zonas de origen atendiendo a la llamada de sus respectivos líderes, siendo en muchos casos los varones llamados a filas nada más llegar (con ejemplos claros en Raja o Bentiu), con la promesa de que recibirán un sueldo y que sólo será temporal hasta que se cumpla el tratado de paz. Irónicamente, esto no sólo hincha las cifras de soldados de cada parte, sino que genera mayor desconfianza entre las partes, que ven engrosarse día a día a sus antiguos enemigos. Y todo esto sin contar con ciertas milicias paralelas a los grupos principales, como por ejemplo los llamados “White Army Boys”, cuyo estatus no queda claro pero se mantienen como una fuerza perfectamente organizada y preparada para actuar.

La desconfianza entre las distintas fuerzas armadas en conflicto puede apreciarse en el total fracaso del plan de acantonamiento. Se supone que las fuerzas del gobierno deben quedar acantonadas en sus barracones, y las de la oposición en áreas previamente establecidas, todas en espera de su desmovilización. La realidad es  que en la gran mayoría de los casos, las fuerzas de la oposición no han acudido a esas zonas o lo han hecho sólo en cantidades simbólicas, al tiempo que el gobierno rehúsa a retirar sus tropas de lugares estratégicos ocupados durante la lucha, lo que causa aún más malestar y desconfianza tanto entre civiles como militares. En los pocos casos en los que contingentes de tropas han sido acantonados en las zonas designadas, no se ha hecho nada por preparar su llegada. El resultado ha sido un número creciente de grupos de hombres armados, cerca de población civil y tropas hasta hace poco enemigas, sin los mínimos asegurados para sobrevivir (agua, techo, alimentos). El riesgo de choques, saqueos y deserciones se multiplica en esas circunstancias, y ha habido casos en los que unidades enteras han vuelto a su territorio tras un tiempo soportando esas condiciones de vida. En algunos casos, las zonas de acantonamiento fijadas son claramente desventajosas para una de las partes, lo que ha llevado a tensas renegociaciones sobre su ubicación, o a otras tretas, tales como enviar a esos lugares a reclutas mal equipados y poco instruidos, mientras que las fuerzas con capacidad combativa real permanecen en reserva. Nada de esto ayuda a fomentar un clima de confianza indispensable para una paz duradera.

Otro de los argumentos más expuestos a la hora de hablar del éxito de los acuerdos de paz es el retorno de desplazados, ahora que la violencia ha remitido. Lo primero que hay que decir a este respecto es que el fenómeno del desplazamiento de población en Sudán del Sur (y países de alrededor) es extremadamente complejo, en lo que influyen muchos factores, pero que inevitablemente se ha simplificado y manipulado de muchas maneras y por muchos actores, puesto que el movimiento de población está estrechamente relacionado con la recepción de ayuda humanitaria, niveles de estabilidad (o violencia) y otros factores económicos o climáticos. Como hemos visto antes, es cierto que algunos civiles han retornado de países vecinos; pero es difícil interpretarlo como un logro por la paz cuando muchos de ellos son reclutados a su llegada o ubicados en zonas que no necesariamente son su lugar de origen, sino dónde más conviene a sus comandantes militares y líderes políticos. En otros casos, la población desplazada huye al monte pero se mantiene relativamente cerca de sus hogares; cuando la violencia remite estos civiles vuelven a los mercados y pozos, e incluso a sus hogares, pero mantienen asentamientos en lo más profundo del bosque y permanecen preparados para volver en cualquier momento: están aprovechando la pausa en los combates para acceder a servicios, aunque se les contabiliza como retornados. Hay ocasiones en las que los desplazados recorren distancias tan largas y han permanecido desplazados tantos años que para ellos deja de tener sentido retornar, mientras que otras veces son absorbidos por otras poblaciones vecinas o de su misma tribu. Esto no sólo dificulta enormemente el seguimiento y e identificación de quién es un desplazado, sino que acaba nublando el propio concepto de retorno.

Respecto al retorno de desplazados, hay dos problemas mucho más importantes. El primero es el empleo de falsos retornados por parte de los grupos armados, y en especial del SPLA-IG y otros grupos dinka, para expandir su área de influencia. Cuando una población es abandonada por sus habitantes después de una fase de lucha (ya sea entre fuerzas regulares o en un episodio de “violencia intercomunal” orquestado a tal efecto) las autoridades llevan al poco tiempo grupos de civiles que supuestamente retornan a sus casas. Estos civiles suelen ser dinkas o de otros grupos afines al gobierno, y presentados a las agencias humanitarias como retornados, para a continuación pedir ayuda humanitaria para dicha comunidad. Este fenómeno ha sido definido como “etnocidio” por una asesora de la ONU y especialista en Sudán del Sur: hoy en día existen zonas por todo el país con elevada población dinka en las que una década atrás no tenían apenas presencia, principalmente en las grandes ciudades, en las áreas colindantes a los territorios dinka y en las zonas de paso tradicional para sus reses.

El otro gran problema son los campos de desplazados protegidos por UNMISS: PoC (Protection of Civilians por sus siglas en inglés). En la actualidad, hay cientos de miles de personas viviendo en PoCs por todo el país: Juba, Malakal, Bentiu, Wau… civiles huyendo de la violencia, la miseria, el hambre, la persecución y los elementos llevan años asentados en ellos. UNMISS tiene el mandato de proteger a toda la población de Sudán del Sur; sin embargo, una cantidad desproporcionada de sus recursos se centra en un porcentaje relativamente pequeño de la población. UNMISS tiene interés en el cierre, o al menos reducción de estos campos. El gobierno, por su parte, ha sido siempre crítico con dichos campos, acusando a las agencias humanitarias de proveer comida para atraer a la población y así justificar su propia supervivencia institucional, y de albergar rebeldes en dichos campos. Si bien es verdad que en muchos PoCs habita una mayoría de población de grupos opuestos al gobierno, y que en muchas ocasiones han albergado actividad de facciones opositoras, no es menos verdad que la inmensa mayoría de la población de dichos campos son civiles inocentes que teme represalias o violencia si sale de ellos, o sencillamente no está dispuesta a retornar a sus zonas de origen donde después de años deshabitadas carecerían de medios de vida. El empeño en propiciar el retorno de la población de los PoC en un ambiente aún volátil y sin garantías para su seguridad y subsistencia sería un riesgo inaceptable desde el punto de vista humanitario. No en vano, los campos se llaman “protección de civiles”. Tampoco ayuda que el gobierno haya propuesto como gesto de buena fe trasladar a todos los nuer de los PoC de Juba, a las regiones tradicionalmente nuer, a pesar de que la mayoría son habitantes de Juba desde hace generaciones, en línea con los esfuerzos de redistribución étnica antes descritos.

Aun así, UNMISS y el gobierno insisten en la importancia del retorno como señal de paz. Retornos de grupos de unos pocos cientos de civiles se anuncian como grandes logros, mientras que se pasa de puntillas a la hora de admitir la mera existencia de miles de nuevos desplazados o de la misma violencia que cause que huyan de sus hogares. La misma estrategia humanitaria dictada por las agencias de la ONU ha cambiado mucho más bruscamente que la evolución de la realidad, centrándose en reconciliación y retorno; es algo que parece más un intento de justificar el apoyo a un moribundo tratado de paz que de responder a las necesidades de la población. Pero para quien haya visto la realidad sobre el terreno en Sudán del Sur, hoy en día el ruido de sables suena mucho más alto que las palabras de paz.

 

FOTOGRAFÍA: Casa destruida en combates / José David Nebreda Martell

 

ERDOGAN

 

Para ElDiario.es

 

Si no fuera por la tragedia que conlleva, la decisión del Parlamento turco de aprobar el despliegue de tropas en Libia podría verse, en clave cómica marxiana, como el culmen de la entrada de actores en el atestado camarote en el que se encuentran los más de seis millones de libios atrapados en el conflicto desde 2011.

Además, nada apunta a que esa medida, que establece un mandato de un año para añadir tropas sobre el terreno a los drones, armas y asesores que Ankara ha aportado al conflicto desde el pasado verano, vaya a servir para poner fin a la violencia.

Tras la ofensiva iniciada el pasado abril por Khalifa Haftar –con el refuerzo añadido desde diciembre de los mercenarios enviados por Moscú–, la situación de Fayez al Serraj, líder del Gobierno de Acuerdo Nacional (GAN) reconocido por la ONU, comienza a ser desesperada.

Sin verdaderos apoyos políticos y económicos –a pesar de contar con el reconocimiento internacional y el más concreto, pero limitado, de Catar e Italia– y sin una capacidad militar suficiente para contrarrestar el empuje de Haftar, al que apoyan sobre el terreno tanto Arabia Saudí como Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Rusia y hasta Francia, Serraj se ha acercado cada vez más a Recep Tayyip Erdogan.

Ambos líderes firmaron el 27 de noviembre un acuerdo de cooperación en materia de defensa. Si Serraj busca básicamente evitar su derrota frente a un Haftar que pretende eliminar toda huella del islam político en Libia y acaparar el poder al estilo del golpista egipcio Abdelfatah al Sisi, Erdogan trata de aprovechar la circunstancia al menos en varios frentes simultáneos.

En primer lugar, tal y como quedó demostrado con la firma el mismo 27 de noviembre de un acuerdo que delimitaba las zonas económicas exclusivas marítimas de ambos países, Erdogan busca, como mínimo, frenar el proceso que Grecia, Chipre, Egipto e Israel están desarrollando para explotar los hidrocarburos localizados en el Mediterráneo oriental sin contar con Ankara.

Erdogan, arrinconado en principio por dichos países, los cuales han condenado el acuerdo, pretende sumar aliados a su causa con la intención final de llegar a tener un papel relevante en la futura red mediterránea de suministro de gas a los países de la Unión Europea. De momento, a la espera de ver en qué desemboca su controvertida exploración en aguas chipriotas, ya ha logrado convertir la ciudad sureña de Ceyhan en el punto de llegada de hidrocarburos procedentes del mar Caspio y de Irak. Por otro lado, está a punto de entrar en servicio el gaseoducto Turkstream por el que transitará gas ruso hacia Europa.

En segundo lugar, mirando tanto hacia el pasado como al futuro inmediato, Ankara pretende resarcirse de las pérdidas económicas acumuladas en estos años en los que sus cuantiosas inversiones en Libia han quedado en nada. Así se entiende el apresuramiento del ministro de Exteriores turco, Mevlut Cavusoglu, que ya en junio de 2016 visitó Trípoli en un gesto de respaldo al recién creado GAN.

El objetivo entonces era intentar reactivar los más de 300 proyectos en distintas fases de ejecución desarrollados por empresas turcas con una inversión superior a los 16.500 millones de dólares. Y a eso se une hoy el interés por reservarse una considerable tajada en la reconstrucción de un país con tanta riqueza en hidrocarburos como necesidades de modernización una vez que la violencia quede atrás.

En esta línea, las empresas turcas tienen serias opciones tanto en el sector de la construcción de infraestructuras como en el aeronáutico, sin olvidar el de la industria de armamento.

Por último, imbuido de una visión neotomana cada vez menos disimulada, Erdogan aspira a ser reconocido como el líder político del islam suní, incluso por encima de Riad. Al igual que ocurre en Siria, también en Libia –uno de los últimos territorios perdidos del imperio otomano hace un siglo– se dirime en buena medida la confrontación entre los aspirantes a un puesto que tradicionalmente ha ocupado Riad.

Por eso, volver a poner un pie en Libia supone para Erdogan no solo desviar la atención sobre los problemas internos y alimentar el orgullo de una sociedad golpeada por la crisis, sino también aumentar su peso específico en un delicado juego que lo está llevando a empantanarse en escenarios bélicos tan procelosos como el sirio y el iraquí.

Poco parece importarle a Erdogan que su visible implicación militar viole el embargo de armas sobre Libia, seguramente porque ha comprobado como muchos otros han hecho lo propio antes sin sufrir ninguna penalización. Pero queda por ver cómo podrá simultáneamente explicar en el marco de la OTAN su aventurerismo militar, gestionar el malestar que a buen seguro su nueva apuesta provocará en Moscú (aliado de Haftar) y cubrirse de las críticas internas de unos adversarios políticos y una ciudadanía que muy pronto comprobarán que nadie les garantiza los réditos del envite.

 

FOTOGRAFÍA: El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan en la Asamblea General de la ONU. EFE

 

PAL

 

Para elperiódico.com

 

Termina el año no solo sin atisbo de que el desequilibrado "acuerdo del siglo" salga pronto a la luz, sino que hasta el propio Donald Trump se ve obligado por el Congreso a transferir al menos una parte de los fondos (recortados drásticamente en el 2018 y anulados por completo este año) que tradicionalmente Washington enviaba a una Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA, por sus siglas en inglés) que acaba de ver revalidado su mandato por otros tres años. Incluso la fiscal del Tribunal Penal Internacional (TPI) acaba de activar un proceso que puede desembocar en condenas contra israelís que hayan cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad desde el 2014.

Pero sería erróneo interpretar esas señales como un cambio de tendencia que nos acerque a un acuerdo palestino-israelí justo, global y duradero. Para empezar, el plan pergeñado en primera instancia por Jared Kushner, el yerno de Trump, solo se ha retrasado por la convulsa agenda electoral israelí (con idea de no dañar las opciones de Netanyahu), pero todas las interesadas filtraciones apuntan sin remedio a una apuesta a favor de Tel Aviv.

Si Trump sale reelegido el próximo noviembre es bien previsible que se afane aún más por rematar la tarea que ya le ha llevado a declarar a Jerusalén como capital israelí --trasladando allí su embajada y cerrando todo canal de contacto con la Autoridad Palestina-- y a apoyar la anexión israelí de los Altos del Golán sirios y la construcción de asentamientos en los territorios ocupados de Palestina; todo ello al margen de las normas más básicas del derecho internacional.

Asfixia económica

Por otra parte, los fondos que ahora tendrá que transferir a la UNRWA (y previsiblemente a la Autoridad Palestina) --no más allá de un tercio de los habituales hasta 2018-- ni sirven para recuperar la capacidad de maniobra de la agencia ni suponen olvidarse del esfuerzo que tanto Trump como Netanyahu están realizando para eliminarla.

No solo se trata de ahogarla económicamente (EEUU aportaba prácticamente un tercio de su presupuesto general), sino de ampliar la campaña de desprestigio que ha llevado a la dimisión de su principal responsable y a forzar una reconceptualización de la figura del refugiado, para dejarla reducida solo a los que todavía viven de los más de 700.000 que sufrieron la Nakba en 1948, en lugar de los más de 5,4 millones registrados en la UNRWA. Aunque sus responsables han logrado movilizar a algunos gobiernos para paliar el creciente déficit, en ningún caso se ha podido compensar la pérdida acumulada.

A esto se añade que Israel no es Estado Parte del TPI y no está claro si Palestina, Estado observador en la ONU, debe ser considerado como tal a efectos de activar un proceso contra israelís. Todavía queda por ver si los jueces del tribunal responden positivamente a la primera duda y determinan que hay pruebas suficientes para iniciarlo.

En definitiva, aunque la imagen de Israel pueda quedar parcialmente afectada, sus gobernantes pueden seguir adelante con su estrategia de hechos consumados para impedir la existencia de un Estado palestino viable, conscientes de que ya nadie se la va a jugar por los palestinos.

 

FOTOGRAFÍA: EFE

 

Para elperiódico.com

 

Mientras España mantiene el nivel 4 de alerta terrorista (de un máximo de 5), Bélgica ya decidió en enero de 2018 reducirlo al nivel 2 (de 4) y lo mismo acaban de hacer Reino Unido (pasando en noviembre pasado al 3, de 5) y Países Bajos (hace apenas una semana, rebajándolo al 3, de 5). Son siempre decisiones muy delicadas porque, dado que la amenaza persiste, pueden volverse en contra del gobernante que las ha tomado si, por desgracia, se produce un nuevo atentado. Pero suponen también gestos de realismo político, apoyados en datos como los que desde hace ya siete años presenta el Instituto de Paz y Economía en su Índice Global de Terrorismo. Con los datos disponibles del 2018 sobre un total de 163 países (que suponen el 99,7% de la población mundial) podemos perfilar mucho mejor su verdadera dimensión. Así, cabe entender que:

 

  • Por cuarto año consecutivo disminuye el número de personas muertas en atentados terroristas. Las 15.952 muertes registradas suponen un 15,2% menos de las contabilizadas un año antes y un 52% menos de las que se produjeron en el 2014, año en el que se alcanzó el máximo histórico en lo que va de siglo. Pierde fuelle, en consecuencia, el obsesivo sobredimensionamiento de la amenaza que suelen practicar muchos gobiernos.

 

  • Un total de 98 países mejoraron su situación con respecto al año anterior, con Irak, Siria y Nigeria como los más destacados si se toma como referencia las cifras del 2014. En contrapartida, fueron 40 los países en los que la situación empeoró, con Afganistán a la cabeza. Al menos 71 países sufrieron un atentado mortal (frente a los 67 de 2017); en tanto que en 19 se produjeron más de un centenar de víctimas mortales.
  • Los diez países en los que más muertes se han producido -Afganistán (46% del total), Nigeria, Irak, Siria, Somalia, Pakistán, Mali, RDC, India y Yemen- acumulan el 87% del total mundial. Se trata de países (ninguno occidental) que sufren, en distinto nivel, al menos un conflicto violento en su seno.
  • Si a los anteriores se añaden los países que han sufrido al menos un atentado y en los que se producen regularmente ejecuciones extrajudiciales, torturas y encarcelamientos sin juicio, el porcentaje resultante llega al 99%. Desde la perspectiva de la lucha contra el terrorismo, este dato resulta clave para entender que el énfasis principal para reducir, e idealmente eliminar, esa amenaza pasa por aumentar los esfuerzos en construcción de paz y prevención de conflictos, así como en potenciar el imperio de la ley y el Estado de derecho en todas sus dimensiones. En otras palabras, las estrategias securitarias y militaristas que desde hace años se vienen aplicando nunca serán suficientes para resolver el problema si no van acompañadas de sostenidos esfuerzos sociales, políticos y económicos que atiendan a las causas estructurales que sirven de caldo de cultivo al extremismo violento.

 

  • Visto desde Europa, el panorama resultante muestra que fue la región del planeta con una mejoría más destacada, como se deduce del hecho de que el número de víctimas mortales se redujera un 70% (desde las 204 en 2017 a 62 en 2018, de las cuales 40 se registraron en Turquía). Más en concreto, en Europa Occidental solo cinco países registraron atentados con al menos una muerte, con un total de 183 incidentes.

 

  • Entre los grupos terroristas más letales Daesh ha dejado de ocupar la primera posición que alcanzó ya en el 2014, superado por los talibanes afganos y seguido ahora por el Grupo Khorasan y el antiguo Boko Haram; mientras que ni Al Qaeda ni Al Shabaab figuran ya en posiciones de cabeza. Esos cuatro grupos son responsables del 57,8% de todas las víctimas mortales (en el 2012 no llegaban ni al 29%).

 

  • Entretanto, el terrorismo de ultraderecha va cobrando peso en los países occidentales (con EEUU en posición destacada), con un aumento del 320% en los últimos cinco años. En el periodo enero/septiembre del año actual se contabilizan ya 77 muertes, cuando en todo el 2017 tan solo se registraron 11.

 

Y así, mientras seguimos sin contar con una definición consensuada internacionalmente de 'terrorismo' (lo que permite, por ejemplo, a dictadores como Al Sisi jugar a su antojo con el concepto), debemos asumir que el problema no va a desaparecer a corto plazo, pero también entender que no es hoy, al menos desde una perspectiva occidental, nuestra principal amenaza. Baste recordar que, desde el 2002, el 93% de todas las muertes registradas por terrorismo se localizan en el Oriente Medio, África Subshariana y Sudeste Asiático.