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IECAH-MSF

IECAH y MSF presentan el informe:

"LA ACCIÓN HUMANITARIA EN 2018-2019: SIN CAMBIOS EN TIEMPOS DE INCERTIDUMBRE"

Los compromisos para paliar el impacto de las crisis humanitarias siguen siendo claramente insuficientes

 

 

  • La ayuda humanitaria internacional creció apenas un 1% en 2018, muy por debajo de la media de los cuatro ejercicios anteriores, situada en torno al 7,5%.
  • En España, la ayuda oficial al desarrollo se redujo en más del 15% en 2018.
  • En 2018, la ayuda humanitaria pública descendió un 7,63% respecto a 2017. Desde 2009, cuando el presupuesto anual llegó a superar los 465 millones de euros, ha sufrido un recorte superior al 90%.
  • MSF alerta de la creciente tendencia a criminalizar a la población civil atrapada en zonas de conflicto y a las organizaciones humanitarias que le prestan ayud

 

 
Madrid, 19 de diciembre de 2019. El Informe anual sobre ayuda humanitaria española e internacional del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH) y Médicos Sin Fronteras (MSF), presentado esta mañana en Madrid, destaca que la ayuda humanitaria internacional en 2018 alcanzó los 28.900 millones de dólares, lo que supuso un incremento respecto a 2017 de tan sólo un 1%. Una cifra que está muy por debajo de la media de crecimiento de los cuatro años anteriores, situada en torno al 7,5%.

Este estancamiento en la ayuda no debería corresponderse con un periodo (2018- 2019) en el que a las dos emergencias nivel tres (según la ONU) en Siria y Yemen, se han añadido la emergencia provocada por el ciclón Idai en Mozambique y la crisis provocada por el agravamiento de la epidemia de ébola en la República Democrática del Congo (RDC).

Esta situación se agrava al contemplar otras crisis crónicas como las de República Centroafricana, Etiopía, Bangladesh, Myanmar, Nigeria y Somalia. Además, otras situaciones de crisis política, económica y social como las que sufren el Triángulo Norte centroamericano o Venezuela cada vez tienen más implicaciones humanitarias.

“En un panorama en el que los conflictos internacionales y las situaciones de violencia son cada vez más complejos y en el que las implicaciones y los riesgos que se derivan de la emergencia climática son cada vez mayores, un estancamiento así no puede justificarse de modo alguno”, afirma Jesús A. Núñez, codirector del IECAH.

El informe “La acción humanitaria en 2018-2019: sin cambios en tiempos de incertidumbre” revela también que la ayuda humanitaria proveniente de la UE tampoco ha estado a la altura. A pesar de haberse incrementado gradualmente durante los últimos 5 años, su ritmo de crecimiento se ha ido reduciendo, pasando de un aumento del 10% en 2015 a uno de tan solo el 3% en 2018.

 

LA AYUDA AL DESARROLLO ESPAÑOLA SIGUE CAYENDO

El contexto de inestabilidad política que vive España desde 2017 ha hecho que tras tres años consecutivos de incremento de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), en 2018 se haya producido una caída del 15,77%. Además, el peso de la AOD respecto al total del PIB del país ha disminuido un 4% respecto a 2017, situándola en un paupérrimo 0,18%, cifra cada día más lejana del comprometido 0,7%.

A su vez, el importe total de la acción humanitaria española pública se ha situado en 50,76 millones de euros, suponiendo una disminución del 7,63% respecto a 2017. Desde 2009, cuando el presupuesto anual llegó a superar los 465 millones de euros, se ha producido un recorte superior al 90%. Esta notable disminución sitúa actualmente a la acción humanitaria en un porcentaje del 2,36% respecto a la AOD, cifra similar a la de 2017, año en el que representaba el 2,15%.

“Desde 2007 el compromiso de la cooperación española era que la acción humanitaria supusiera el 10% de la AOD, en línea con lo alcanzado por otros donantes. Es obvio que estamos muy lejos de cumplir con aquellos objetivos. La acción humanitaria española ha ido reduciéndose año tras año y es una de las políticas públicas más afectada por los recortes. Es también el instrumento de la cooperación al desarrollo que más ha sufrido los rigurosos ajustes presupuestarios”, afirma Francisco Rey, codirector del IECAH.

 

EL NÚMERO DE PERSONAS DESPLAZADAS Y REFUGIADAS MARCA UN NUEVO RÉCORD

El descenso de la ayuda humanitaria se conjuga con un incremento en la complejidad de las crisis. La nueva cifra récord de población desplazada y refugiada, 70,8 millones de personas, es un buen ejemplo de ello.

En 2018 se ha constatado también que los países con menos recursos acogen cada vez a un mayor número y a una mayor proporción de población desplazada. Así, un 39% del total de la población desplazada fue acogido en países de renta baja y un 54% en países de renta media. Tan solo un 7% lo fueron en países de renta alta.

Mientras tanto, va cobrando aún más fuerza el discurso ultranacionalista de perfil cada vez más abiertamente xenófobo.

Un discurso que ve a los migrantes como una amenaza y que olvida interesadamente que nueve de cada diez migrantes africanos y ocho de cada diez asiáticos se quedan en su propio continente.

“La brecha entre necesidades y recursos sigue agrandándose, dejando a cada vez más poblaciones sin la asistencia y protección adecuadas. El sistema internacional humanitario no está siendo capaz de responder y mucho menos de prevenir las situaciones de crisis, desastres y violencia”, afirma Rey.

 

“SE ESTÁ CRIMINALIZANDO LA AYUDA Y TAMBIÉN A LAS POBLACIONES A LAS QUE ASISTIMOS”

El informe advierte de que la creciente tendencia a criminalizar a la población civil atrapada en zonas de conflicto, considerándola como enemiga, así como a las organizaciones humanitarias que le prestan ayuda.

Donantes y gobiernos están presionando cada vez más a las organizaciones humanitarias para que estas se plieguen a sus intereses en materia de lucha contra el terrorismo, lo cual está limitando y condicionando la capacidad de llevar ayuda a quienes más lo necesitan. "Los médicos no deberían verse forzados a decidir quién es un paciente bueno o malo. Eso está prohibido por la ética médica y por el Derecho

Internacional Humanitario. Nuestro papel debería ser tratar a quien quiera que nos necesite, a través de cualquier línea de frente que los grupos hayan trazado", afirma Marta Cañas, directora general de Médicos Sin Fronteras.

“En el noreste de Nigeria, por ejemplo, el Gobierno ha apostado por crear 'ciudades cuartel' bajo control del Ejército y los trabajadores humanitarios no podemos acceder a las zonas que están fuera de estas localidades. Como consecuencia de ello, quienes están detrás de lo que el Ejército define como líneas enemigas también son considerados como el enemigo en virtud de su localización geográfica. Otro ejemplo claro es Yemen, donde la coalición militar liderada por Arabia Saudí declaró provincias enteras objetivo militar sin distinguir entre combatientes y no combatientes”, concluye Cañas.

 

EXPORTACIÓN DE ARMAS, EQUIPOS Y MATERIALES MILITARES: CINCO PAÍSES CONTROLAN EL 75% DEL MERCADO

El informe también destaca que el gasto militar mundial en 2018 se incrementó en un 2,6% con respecto al año anterior, mientras que las transferencias mundiales de equipo, material y armamento aumentaron en el periodo 2014-2018 un 7,8% con respecto al periodo 2009-2013. Estados Unidos, Rusia, Francia, Alemania y China copan las primeras posiciones como exportadores (con un 75% del total mundial), mientras que España, con un 3,2% del total, se sitúa en el séptimo puesto de esta lista.

 

INFORME COMPLETO EN PDF

 

 

Más información:

IECAH: Laura Mula / 91 377 14 98 / Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
MSF: Fernando Calero / 630 536 419 / Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 

UNRWA

 

Para ElDiario.es

 

El acoso y derribo a UNRWA es una tarea en la que, desde hace años, se encuentran implicados actores tan potentes como Estados Unidos e Israel. Pero, de momento, con la ratificación aprobada el pasado día 13 por parte de la Asamblea General de la ONU para prolongar su mandato otros tres años, tal como ya había sido aprobado previamente el 15 de noviembre por el Cuarto Comité de dicha organización, todavía no pueden cantar victoria.

En el lado positivo de la balanza cabe destacar el hecho de que 169 países hayan apostado por dar continuidad a la labor asistencial -sobre todo en el ámbito de la educación, la salud y la ayuda humanitaria- que viene desarrollando la Agencia desde su creación en 1949. Tampoco es menor el gesto de Qatar -anunciado el pasado fin de semana en el marco del Foro de Doha-, aportando otros 20,7 millones de dólares para llegar a un total de 40 a lo largo de este mismo año. Aunque puntual, es una clara señal de esperanza en un contexto cada día más inquietante para los 5,5 millones de refugiados de Palestina que en Jordania, Líbano, Siria y en el territorio Palestino (Gaza y Cisjordania) dependen vitalmente de lo que UNRWA pueda hacer a diario.

Y lo mismo puede decirse del resultado cosechado en estos últimos dos años, gracias a la incuestionable resiliencia de la población palestina y al esfuerzo de todo el personal de la Agencia para poder hacer frente al brutal recorte de fondos que la administración estadounidense decidió a principios del pasado año (pasando de 365 a solo 60 millones de dólares). Esa decisión, que en el presente año significó la cancelación total de los fondos estadounidenses, ha supuesto un duro golpe tanto para los beneficiarios de los distintos programas de la Agencia como para sus propios trabajadores, dado que UNRWA se ha visto sumida en la mayor crisis presupuestaria de su historia y su capacidad de maniobra se ha recortado hasta el extremo, hasta el punto de tener que eliminar programas esenciales y retrasar pagos de salarios al personal (abrumadoramente de mayoría palestina).

Por el contrario, en el lado negativo se hace cada vez más visible el esfuerzo liderado por Washington y Tel Aviv para eliminar definitivamente la Agencia, lo que incluye no solamente negarle apoyo económico sino también desprestigiarla (a través de una cacería emprendida contra su máximo responsable, dimitido el pasado 6 de noviembre y sometido a una investigación interna en la que, de momento, ya se ha confirmado que no hay ninguna apropiación indebida, ni fraude ni malversación). La apuesta es clara: reformular drásticamente el concepto de persona palestina refugiada para limitarlo exclusivamente a quienes queden vivos de aquella originaria Nakba.

Se trata, sin apenas disimulo alguno y en el contexto del tan cacareado como desconocido “acuerdo del siglo”, promovido por Donald Trump, de ayudar a Israel a deshacerse de la responsabilidad por haber provocado el éxodo palestino en 1948 y de la necesidad de reconocer ningún tipo de derecho de retorno a los que sufrieron aquel drama y sus descendientes. De ese modo, y crecientemente preocupados por el inminente cambio demográfico en la Palestina histórica (que se traducirá a corto plazo en que, entre el Jordán y el Mediterráneo, los judíos israelíes serán minoría), Tel Aviv pretende blindarse, al tiempo que sigue adelante con una política de hechos consumados que busca reventar la resistencia palestina y su sueño de contar algún día con un Estado propio.

El momentáneo alivio derivado de la prolongación del mandato no puede ocultar en ningún caso que la situación financiera de UNRWA sigue siendo muy peliaguda; no solo porque todavía necesite 167 millones de dólares para cuadrar sus cuentas a finales de este año, sino porque nada garantiza que en el próximo la situación vaya a ser más boyante. No solo se da por descontado que Estados Unidos mantendrá su postura de negación de apoyo, sino que queda por ver qué hará el resto de donantes (el presupuesto se nutre de contribuciones voluntarias) en un escenario en el que la causa palestina va perdiendo peso en la agenda internacional. Y eso da ventajas tanto al gobierno estadounidense como al israelí.

En todo caso, y en contra de lo que argumentan sus críticos más acérrimos -que confían en que, sin la cobertura protectora y asistencial de la Agencia, el tema de los refugiados terminará por diluirse-, hay que volver a insistir en que UNRWA no es el representante político de los palestinos, no es parte del conflicto y no participa en ningún proceso de paz o negociación.Simplemente es un actor humanitario encargado de paliar el daño causado a la población refugiada palestina y de proteger sus derechos. Su desaparición, en definitiva, sería una catástrofe sin paliativos.

 

FOTOGRAFÍA: Un hombre transporta alimentos de UNRWA en camión en Gaza / 2017 UNRWA / Gaza

 

 

LIB

 

Para Blog Elcano.

 

Aunque todavía formalmente subordinado a la Cámara de Representantes ubicada en Tobruk, liderada por Aguila Saleh Issa, Khalifa Haftar ya era desde 2014 el hombre fuerte de la Cirenaica. Desde entonces, y aprovechando a su favor los apoyos externos que le llegaban fundamentalmente de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Egipto (sin olvidar a Francia y Rusia), ha ido asentando su poder también en la región sur de Fezán, mientras simultáneamente el Gobierno de Acuerdo Nacional (GAN), liderado desde Trípoli por un visiblemente debilitado Fayez al Serraj (reconocido por la comunidad internacional pero apenas apoyado por Qatar e Italia, con Turquía en una posición cada vez más visible), ha ido perdiendo peso hasta convertirse en irrelevante. Eso es lo que llevó a Haftar a creer que también la Tripolitania estaba finalmente a su alcance y de ahí el lanzamiento de su ofensiva contra la capital, iniciada el pasado 4 de abril, en un gesto que arruinó toda posible negociación o cese de hostilidades.

En todo caso, el empuje de su propia milicia, el Ejercito Nacional Libio, no ha tenido el éxito esperado. Por el contrario, y a pesar de las enormes divergencias entre las milicias que le hacen frente –entre las que destacan las de Misrata y Zintan, junto a algunos actores armados de las montañas del noroeste, unidas únicamente por su animadversión contra Haftar–, Trípoli no está todavía en sus manos. La violencia desatada desde abril –en lo que cabe considerar el tercer capítulo de la guerra que vive el país desde el estallido de 2011– ha provocado más de 1.000 muertos y al menos 140.000 nuevos desplazados, según la OMS. Igualmente, ha desembocado en el estancamiento de los frentes militares alrededor de la capital y ha arruinado la posibilidad de poner fin a la violencia en una hipotética mesa de negociaciones, tal como muestra la pesimista visión del enviado especial del Secretario General de la ONU, Ghasam Salamé, que llegó a calificar la ofensiva de Haftar como un golpe de Estado.

Esto no quiere decir que Haftar haya cejado en su empeño. Por el contrario, y tras haber redoblado su apuesta militar desde septiembre, ahora acaba de proclamar que ha llegado la hora cero para tomar la capital. Además de la maquinaria militar que ya lidera, cuenta para ello con el apoyo que le presta un número cada vez mayor de mercenarios rusos del Grupo Wagner, ligado al empresario Yevgeny Prigozhin, uno de los asesores de cabecera de Vladimir Putin. Si ya antes de esa fecha era bien visible el interés de Moscú por recuperar posiciones en Libia –con apoyo logístico y armamentístico–, ahora se añade el suministro de más armas (drones y piezas de artillería especialmente) y el despliegue de centenares de mercenarios en primera línea de combate y de francotiradores que selectivamente están matando a muchos combatientes de las fuerzas leales al GAN.

Pero aun en el caso de que Haftar logre salir del empantanamiento actual no hay que dar por descontada su victoria. De hecho, frente a unas milicias que cabe suponer que lucharán hasta el límite de sus fuerzas, es inmediato imaginar que, si los combates se trasladan al interior de la capital, a la fase actual le seguiría otra de insurgencia generalizada contra quien muchos ven como un nuevo al-Sisi con pretensiones de monopolizar el poder en una futura Libia y de erradicar toda huella del islamismo político.

Por eso, y aunque a primera vista pueda parecer que Putin puede estar cerca de su objetivo de lograr volver a poner un pie (o dos) en Libia de la mano de Haftar, es Estados Unidos quien sigue teniendo más bazas para cambiar la negativa dinámica que caracteriza a este país desde la caída de Gadaffi. Y esto es así porque, por un lado, es Washington quien tiene la posibilidad de influir en Haftar, dado que es un ciudadano estadounidense contra el que puede emplear el US War Crimes Act. Y, por otro, porque también es Washington quien puede forzar tanto a Turquía como a EAU, Egipto, Qatar y Arabia Saudí a que se ajusten al embargo de armas decretado en su día por el Consejo de Seguridad de la ONU. Lo malo es que se trata del mismo Estados Unidos que en abril de este mismo año, por boca de su presidente, apoyó abiertamente la ofensiva de Haftar por considerarla alineada con la lucha contraterrorista estadounidense (cuando en realidad Haftar estaba combatiendo a grupos, como las milicias de Misrata, que se habían distinguido al lado de Washington en la eliminación de grupos yihadistas asociados a Daesh).

Poco ayuda en cualquier caso el hecho de que el GAN sea tan débil que no logre atraer el apoyo de una población que ha comprobado dolorosamente su falta de capacidad no solo política sino también a la hora de atender sus necesidades básicas diarias. Y tampoco mejora la situación el hecho de que los principales actores que apoyan formalmente a dicho GAN (salvo Turquía que hasta se muestra dispuesto a enviar tropas en su ayuda) estén dando señales inequívocas de que han dejado de apostar por al Serraj y por quienes aún se empeñan por encontrar una salida negociada al embrollo libio.

 

FOTOGRAFÍA: Khalifa Haftar durante su encuentro con Sergey Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores de Rusia en 2017. Foto: MFA Russia (CC BY-NC-SA 2.0)

 

 

ARG

 

Para ElDiario.es

 

Diez meses después del arranque de un proceso de movilización ciudadana que hizo visible el hartazgo de buena parte de los 41 millones de argelinos con un sistema de poder no solo anacrónico sino también corrupto y antidemocrático, Argelia ha llegado a unas elecciones presidenciales que se pueden ver cómo el punto en el que se han cruzado dos caminos divergentes. Así, la victoria del ex primer ministro Abdelmadjid Tebboune, con el 58,15% de los votos, será vista por unos como la confirmación de su visión lampedusiana, mientras que para otros solo quedará como un intento fracasado de parar las ansias de cambio de la ciudadanía.

Por uno de esos caminos transita le pouvouir, una amalgama de facciones malavenidas, a cuyo frente destacaba hasta hace muy poco el hermanísimo, Said Buteflika, sustituido ahora por el jefe del Estado Mayor, Ahmed Gaid Salah, los prebostes de las empresas públicas y los principales dirigentes del Frente de Liberación Nacional y la Reagrupación Nacional para la Democracia. Incapaces de consensuar un relevo al decrépito Abdelaziz Buteflika –lo que probablemente les habría evitado enfrentarse a la situación actual–, volvieron a ser los uniformados, encabezados por el ya citado Gaid Salah –más conocido como "Sargento García", como parodia sarcástica de un personaje televisivo de escasas luces–, los que tomaron las riendas del proceso.

Su estrategia se ha centrado desde entonces en intentar calmar las protestas, primero desembarazándose del propio Buteflika y luego fijando un calendario electoral (retrasado tanto en abril como en julio) para llevar a la presidencia a un actor circunstancial, encargado de mantener el statu quo vigente aplicando algunas medidas cosméticas que no alterasen los privilegios de sus promotores. No por casualidad, los cinco candidatos finalmente en liza eran hombres, colaboradores del sistema en diferentes puestos de responsabilidad, mayores y de origen rural. Simultáneamente –como migajas que trataban de aparentar una voluntad real de reforma, pero que más bien pretendían fragmentar al ya por entonces denominado Hirak (el Movimiento)– se usó el sistema judicial para eliminar a antiguos enemigos internos –no solo al hermanísimo, sino también a ex jefes de gobierno como Ahmed Ouyahia y Abdelmalek Sellah–, haciéndolo pasar por un ejercicio de justicia sensible a las demandas de la población, al ofrecer sus cabezas al pueblo (como en las mejores versiones de cualquier dictadura que se precie).

A partir de ahí, ya solo quedaba confiar en el cansancio de la población movilizada (con dosis de represión muy medidas) para rematar el plan con la necesaria tarea de manipulación de los votos de quienes, a pesar del boicot promovido por el Hirak, decidieran acercarse a las urnas. Se contaba para ello con la Autoridad Nacional Independiente para las Elecciones (ANIE), creada exprofeso para la ocasión hace apenas tres meses (en las anteriores convocatorias era el Ministerio de Interior el encargado de esta tarea). De ese modo, sin caer en la tentación de anunciar unos resultados a la norcoreana, se nos dice que un 41,14% de los argelinos han depositado su voto; lo que significa en torno a diez puntos menos que en los comicios de 2014, pero sirve para dar un barniz de representatividad del sentir popular. Igualmente, se otorgan a más de la mitad de los votos a Tebboune (identificado desde el principio como cercano a Gaid Salah), con idea de evitar una segunda vuelta que habría supuesto un mayor (y quizás insostenible) desgaste de quienes están pilotando este proceso.

Por el otro de los caminos señalados se ha movido el Hirak. Tras haber superado el trauma de la herida violenta de la última década del pasado siglo y el miedo a la represión de un sistema ducho en la materia, porcentajes crecientes de la población argelina no solo se han levantado contra la farsa de un poder que no atiende sus necesidades, sino que ha sostenido la protesta de manera pacífica desde finales de febrero. Y esa es su principal fortaleza, evitando los intentos de cooptación por parte de grupos de la oposición política (incluyendo unos grupos islamistas en decadencia). Pero también de ahí se deriva su propia debilidad; no solo porque siempre es más fácil destruir o combatir un modelo que alumbrar uno nuevo, sino también porque su renuncia a potenciar a líderes reconocibles y a presentar alternativas estructuradas de futuro pueden volverse en su contra a corto plazo.

A sus 74 años, Tebboune llega ahora a la presidencia en un contexto de profunda decepción ciudadana y con un escaso respaldo popular. En el mejor de los casos (suponiendo ilusoriamente que esa fuera su intención) le será muy difícil salirse de la senda que le marque le pouvouir (al que, en definitiva, pertenece y representa). Y tampoco resulta fácil imaginar cómo va a llevar a cabo las reformas que demanda la población cuando los precios del gas y del petróleo están en franca caída y cuando se acaba de aprobar el presupuesto para 2020 con una reducción prevista del gasto público del 9%. Mientras tanto, en un nuevo ejercicio de ceguera, la Unión Europea contiene la respiración a la espera de que la jornada electoral reduzca la tensión y de que amaine la protesta.

 

FOTOGRAFÍA: Un ciudadano vota en un colegio electoral en Argel (Argelia) EFE