La Política Colombiana de atención a los desplazados, retos y perspectivas
Jornadas organizadas por la Universidad Complutense de Madrid, con la colaboración de Casa América y AECID.
Madrid, 12 de noviembre de 2009 (Casa de América)
A principios del año 2004, la Corte Constitucional de Colombia declaró en la sentencia T-025 que la situación en que viven los desplazados en este país constituye un «estado de cosas inconstitucional».
A dicha conclusión llegó el Alto Tribunal tras comprobar que la población desplazada estaba viendo vulnerados de forma masiva y sistemática sus derechos a la vida, a la integridad personal, a la igualdad, al trabajo, a la salud, a la seguridad social, a la educación, al mínimo vital, y a la protección debida, entre otros.
En la actualidad las autoridades estatales implicadas en la política de atención a la población han desarrollado esfuerzos dirigidos al cumplimiento del mandato de la Corte. Sin embargo, los resultados obtenidos todavía están lejos de alcanzar niveles aceptables de asistencia y protección. Prueba tanto de la primera afirmación como de la segunda son los informes presentados por la Comisión de Seguimiento a la Corte Constitucional, los balances efectuados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y los elaborados por otras entidades, organismos y organizaciones involucradas en el seguimiento a las órdenes de la sentencia.
